Los jefes de Gobierno del Partido Popular Europeo, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel o el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se reunirán este viernes en Helsinki para negociar el contenido del Pacto de Competitividad que exige Berlín a los Estados de la eurozona a cambio de reforzar el fondo de rescate de 750.000 millones de euros para países con problemas de deuda.
BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)
Los jefes de Gobierno del Partido Popular Europeo, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel o el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se reunirán este viernes en Helsinki para negociar el contenido del Pacto de Competitividad que exige Berlín a los Estados de la eurozona a cambio de reforzar el fondo de rescate de 750.000 millones de euros para países con problemas de deuda.
Al encuentro, que servirá para preparar la cumbre de líderes de la eurozona del 11 de marzo, también está prevista la asistencia del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y del presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
Ambos han elaborado un nuevo borrador de Pacto que contiene todas las exigencias alemanas pero más suavizadas. La canciller Merkel, cuyas propuestas iniciales provocaron una fuerte resistencia en la anterior cumbre del 4 de febrero, ha dicho ya que considera el documento de Van Rompuy como una base adecuada de negociación.
En material salarial, el Pacto suaviazado reclama a los Gobiernos iniciativas para que las retribuciones estén más vinculadas a la productividad. No se prohíbe ligar los salarios a la evolución de la inflación, como quería Berlín, pero sí se reclama «mejorar los mecanismos de indexación», así como descentralizar los procedimientos de negociación colectiva, según las fuentes consultadas. La UE exigirá además contención salarial en el sector público para que sirva de ejemplo al resto de sectores económicos.
En España, el Gobierno ha dicho hasta ahora que la cuestión de la indexación debe abordarse en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, pero ha defendido que es más importante la flexibilidad a la hora de fijar los salarios que la supresión de las cláusulas de garantía salarial.
Otra de las propuestas más polémicas de Alemania, retrasar la edad de jubilación como ya ha hecho España, se mantiene también en el borrador de Pacto de Competitividad aunque de forma diluida. Así, se pide a los Gobiernos que vinculen la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida y que acaben con las prejubilaciones.
Los países de la eurozona estarán además obligados a fijar límites jurídicamente vinculantes al déficit y a la deuda, aunque se deja en manos de cada Gobierno elegir si debe hacerse por ley o en la Constitución como pretendía Merkel. No obstante, se pone como ejemplo el mecanismo de freno a la deuda que existe en Berlín.
También se mantiene en el documento la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades, iniciativa que choca con la oposición de Irlanda, que mantiene uno de los tipos más bajos de la UE, el 12,5%, para atraer empresas. El Ejecutivo comunitario presentará una propuesta legislativa el 16 de marzo.
Las otras dos medidas que pedía Merkel, un mecanismo de resolución de crisis bancarias y mejorar el reconocimiento de títulos, también están recogidas en la propuesta de Van Rompuy, aunque en el segundo caso se habla de mejorar la inversión en educación.
Además, el Pacto de Competitividad incluirá nuevas iniciativas que no estaban en el plan original de Berlín. Así, se exigirán reformas laborales a los Estados miembros para hacer más flexible el mercado de trabajo y luchar contra el trabajo en negro. Y se pide a los Estados reducir la carga fiscal sobre el trabajo y aumentar los impuestos indirectos, como el IVA, para compensar la pérdida de ingresos.
Otras medidas para aumentar la competitividad son acabar con las restricciones a los servicios profesionales o eliminar las «limitaciones desproporcionadas» a los comercios en materia de horarios o de establecimiento. También se deberán adoptar medidas para reducir la burocracia en los procesos judiciales en materia comercial y recortar a la mitad el tiempo que se tarda en dictar sentencia.
Cada país de la eurozona deberá elegir «medidas políticas concretas» de este catálogo y comprometerse a aplicarlas en un plazo máximo de 12 meses. La Comisión, que temía quedarse marginada en este Pacto, tendrá como tarea evaluar que efectivamente estas iniciativas se incluyan en los planes nacionales de reformas que los Gobiernos deben presentar en abril. Los países de fuera de la eurozona tendrán libertad para sumarse o no al Pacto de Competitividad.
