La cifra de personas con incapacidad temporal, un problema que cuenta con protección social, pero, tiene un alto coste económico y organizativo para España. De hecho, forma parte de las prestaciones más relevantes del sistema de Seguridad Social, cuya finalidad es proteger a las personas trabajadoras cuando una enfermedad o accidente les impide desempeñar su actividad laboral durante un periodo determinado.
Que exista este mecanismo de defensa para los profesionales es una noticia muy positiva, pero también hay que hacer frente a un impacto económico que se sitúa entre el 5% y el 6% del PIB. La cifra del coste agregado es de unos 32.000 millones de euros, de los que la mitad la asume el Estado y la otra parte las empresas. ¿Se puede diseñar una estrategia diferente para mejorar este modelo y lograr ser más eficientes salvaguardando la salud de las personas? Este ha sido el tema de debate de una jornada organizada por la Fundación Economía y Salud en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.
En el encuentro participaron expertos del ámbito jurídico, sanitario y laboral, entre ellos el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, quien defendió la necesidad de introducir cambios estructurales para mejorar la gestión y sostenibilidad de esta prestación.
Un nuevo modelo basado en la coordinación para abordar el problema de la incapacidad temporal en España
Durante su intervención, Merchán subrayó que cualquier reforma debe partir de un principio claro: situar la salud de las personas trabajadoras en el centro del sistema. Para lograrlo, defendió la necesidad de reforzar la cooperación entre instituciones y mejorar los recursos disponibles. “El acuerdo para solucionar este importante problema requiere más coordinación, más medios, más inversión en prevención y bienestar, y un mayor protagonismo de las injustamente denostadas mutuas de accidentes de trabajo”, afirmó. Merchán ha mantenido contactos con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para trasladarle algunas de las propuestas, entre las que destaca la creación de una Ley de Eficiencia Administrativa específica para la Seguridad Social.
Siguiendo con el debate, los especialistas que acompañaban al líder del Consejo General de Graduados Sociales apuntaron que la incapacidad temporal no solo es un asunto sanitario, sino también económico y organizativo, por lo que exige una visión transversal capaz de integrar las distintas responsabilidades implicadas.
Joaquín Merchán.
Cambios normativos y desafíos pendientes
Durante el debate también se analizaron las reformas legales introducidas en los últimos años para actualizar el sistema. Entre ellas destacan las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 1060/2022 en el Real Decreto 625/2014, así como la reciente Ley 2/2025, que aborda cuestiones relacionadas con la incapacidad permanente y su vínculo con la incapacidad temporal.
A pesar de estos avances regulatorios, los participantes coincidieron en que persisten importantes desajustes estructurales. Entre ellos destaca la separación de competencias entre quienes realizan la valoración médica —los servicios públicos de salud— y quienes gestionan la prestación económica, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social o las mutuas.
Esta fragmentación se ve agravada por la participación de múltiples servicios médicos y por la falta de una coordinación clara con otras situaciones protegidas por el sistema, como el desempleo o los permisos de maternidad y paternidad.
La pandemia como punto de inflexión
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 puso a prueba el funcionamiento del sistema de incapacidad temporal y evidenció algunas de sus limitaciones. El aumento de procesos de baja médica y la presión sobre los servicios sanitarios revelaron la necesidad de modernizar los procedimientos administrativos y mejorar la coordinación institucional.
Según Merchán, el modelo actual requiere una revisión que permita reducir las cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para las empresas como para las personas trabajadoras. “La incapacidad temporal no es apocalíptica, sino crítica”, señaló. A su juicio, el sistema se encuentra marcado por desequilibrios financieros, estructurales y normativos que deben abordarse desde una perspectiva técnica y alejada de posiciones partidistas.
Digitalización y prevención: claves para el futuro
Entre las propuestas planteadas durante la jornada destacan la agilización de los procesos administrativos mediante herramientas digitales, el establecimiento de protocolos más claros y la implantación de mecanismos de reincorporación progresiva al trabajo.
Además, los expertos coincidieron en que el fortalecimiento de las políticas de prevención y salud laboral es esencial para reducir la incidencia de las bajas médicas de larga duración.
El propio Merchán insistió en que los profesionales de las relaciones laborales conocen bien la realidad del sistema porque trabajan diariamente con los procedimientos administrativos y las situaciones que afrontan empresas y trabajadores. “Los graduados sociales tocamos todos los días el barro de las relaciones laborales. Sabemos de lo que estamos hablando”, afirmó, defendiendo la necesidad de que estos profesionales tengan mayor presencia en los espacios de debate y toma de decisiones.
