Ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, las organizaciones empresariales están trasladando sus prioridades a los partidos. El Instituto de la Empresa Familiar ha reclamado consensos que trasciendan una legislatura. La industria alimentaria ha situado la seguridad jurídica entre sus principales demandas. Ambas peticiones apuntan a una necesidad compartida: disponer de confianza para construir a largo plazo.
Quienes dirigen empresas conocen bien esa necesidad. Abrir una fábrica, desarrollar una tecnología o entrar en un nuevo mercado exige comprometer recursos durante años. Son decisiones que requieren conocer las reglas, poder evaluar sus consecuencias y contar con procedimientos fiables para resolver discrepancias.
El periodo electoral ofrece una oportunidad para hablar de esas condiciones. Junto a las propuestas económicas de cada candidatura, merece atención la calidad del marco institucional que permitirá llevarlas a la práctica. La confianza empresarial también depende de cómo se toman las decisiones públicas, cómo se explican y qué garantías existen para revisarlas.
Mi formación jurídica me ha llevado siempre a prestar especial atención a ese marco. La Constitución protege derechos, distribuye competencias y limita el ejercicio del poder. También recoge la seguridad jurídica, un principio con consecuencias cotidianas para cualquier organización.
Las normas deben evolucionar para responder a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. La previsibilidad exige que esas reformas se elaboren con procedimientos claros, justificación suficiente y atención a sus efectos. Una empresa puede adaptarse mejor cuando comprende qué cambia, por qué y en qué plazos.
La separación de poderes, la independencia judicial y la rendición de cuentas contribuyen a sostener esa confianza. Su valor permanece cuando una decisión contradice nuestras preferencias. Una cultura institucional sólida permite discrepar, recurrir y promover reformas respetando las competencias y los cauces establecidos.
Ante la próxima cita con las urnas, esta responsabilidad cobra especial relevancia. Quienes aspiran a gobernar presentan proyectos distintos y legítimos. La manera de defenderlos, de tratar al adversario y de referirse a las instituciones contribuye a configurar la confianza del día después. Tras el resultado habrá que gobernar, alcanzar acuerdos y dar respuesta a problemas cuyos plazos superan el calendario electoral.
Desde la comunicación estratégica sabemos que la credibilidad depende de la coherencia entre palabras y hechos. Explicar con rigor una propuesta exige hacer comprensibles sus objetivos, sus costes y sus límites. Ese cuidado del lenguaje ayuda a que ciudadanos y empresas puedan formarse un criterio y valorar alternativas.
Las empresas participan también de esta responsabilidad. El cumplimiento, la integridad y la transparencia en sus relaciones con las administraciones dan legitimidad a sus demandas. Su aportación al debate público resulta más útil cuando incorpora conocimiento, argumentos verificables y propuestas que consideran sus efectos sobre la sociedad.
Este momento puede servir para profundizar en las condiciones que permiten prosperar. Los directivos tenemos razones para prestar atención a los programas y también a los compromisos con la calidad institucional.
El resultado de las elecciones determinará quién gobierna. La confianza necesaria para invertir, crear empleo y proyectar el futuro debe poder sostenerse durante toda la legislatura y más allá de ella.
