El consejo de la Reserva Federal estadounidense (Fed) ha reclamado a diez entidades bancarias que corrijan su «patrón de mala conducta y negligencia» relacionado con «prácticas deficientes» en sus servicios de préstamos hipotecarios residenciales y los procesos de ejecuciones hipotecarias y ha anunciado que impondrá a estas entidades sanciones económicas por este comportamiento.
NUEVA YORK, 13 (EUROPA PRESS)
El consejo de la Reserva Federal estadounidense (Fed) ha reclamado a diez entidades bancarias que corrijan su «patrón de mala conducta y negligencia» relacionado con «prácticas deficientes» en sus servicios de préstamos hipotecarios residenciales y los procesos de ejecuciones hipotecarias y ha anunciado que impondrá a estas entidades sanciones económicas por este comportamiento.
«La Reserva Federal cree que sanciones económicas en estos caso son apropiadas y tiene previsto anunciar multas económicas. Estas sanciones su sumarán a las acciones correctivas que se espera adopten las organizaciones bancarias en respuesta a estas acciones ejecutorias», explica la Fed en un comunicado.
Las diez organizaciones son Bank of America Coorporation, Citigrou, Ally Financial, HSBC North America Holdings, JPMorgan Chase & Co., MetLife, The PNC Financial Services Group, SunTrust Banks, U.S. Bancorp y Wells Fargo & Company. Estas entidades representan el 65% de la industria y tiene un saldo de créditos hipotecarios de cerca de 6,8 billones de dólares (4,7 billones de euros).
Esta deficiencias, que fueron detectas en las pruebas a las que se sometió al sector entre noviembre de 2010 y enero de 2011, presentan fallos «significativos y generalizados» de cumplimiento, así como prácticas «inseguras y pocos sólidas» por parte de estas instituciones.
Estas diez acciones ejecutorias iniciadas por la Fed exigen a las entidades mejorar la supervisión del servicio de préstamos hipotecarios residenciales y de los procesamientos de ejecución hipotecaria llevados a cabo por sus filiales bancarias y no bancarias.
El objetivo de estas medidas es asegurar que las entidades que operan bajo su jurisdicción inicien cuanto antes los primeros pasos para establecer un servicio hipotecario y un proceso de ejecución que trate a los clientes «de forma justa y totalmente compatible con la ley vigente».
