El informe del Instituto de Estudios Económicos revela un preocupante descenso de España en el ránking de competitividad fiscal empresarial, situándola en el puesto 31 de 38 países de la OCDE en 2025.
Esta caída refleja un entorno tributario desfavorable, marcado por una alta carga fiscal y una complejidad normativa que obstaculiza la inversión y el crecimiento.
Ante esta situación, se plantean recomendaciones urgentes para simplificar el sistema fiscal y mejorar la seguridad jurídica, esenciales para fomentar un ecosistema empresarial sólido y atractivo.
España se hunde en el ránking de competitividad fiscal empresarial en 2025
La competitividad fiscal empresarial en España ha sufrido un deterioro notable en el último año. Así lo revela el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que analiza la posición relativa de España en materia tributaria respecto a un total de 38 países de la OCDE. El resultado es contundente: España ocupa el puesto 31 de 38 en el ránking de 2025, lo que evidencia un entorno fiscal poco favorable para la atracción de inversiones y el crecimiento empresarial.
La metodología del IEE combina el índice de competitividad fiscal de la Tax Foundation con un ajuste que pondera el esfuerzo fiscal real, permitiendo comparar la presión efectiva sobre las empresas y el coste de cumplimiento normativo. En este análisis, España queda por debajo de la media de la OCDE, solo superando a economías como Italia, Francia, Portugal, Corea del Sur y Colombia.
Un sistema tributario complejo y con alta presión fiscal efectiva
Uno de los principales factores que penalizan a España es la alta carga tributaria efectiva sobre las empresas. A pesar de que los tipos nominales del impuesto sobre sociedades no están entre los más altos, el número de figuras impositivas, la rigidez del sistema y los costes indirectos hacen que la presión fiscal real se sitúe por encima de la media europea.
Además, la existencia de tributos autonómicos y municipales adicionales, así como una alta litigiosidad tributaria, genera inseguridad jurídica. El informe destaca la necesidad de simplificar el sistema impositivo, reducir los impuestos distorsionantes y aumentar la seguridad para los contribuyentes.
Comparativa internacional: Irlanda, Suiza y Estonia a la cabeza
Los países que lideran el índice de competitividad fiscal empresarial son aquellos con sistemas sencillos, estables y con baja presión efectiva. Irlanda, por ejemplo, se posiciona como un referente por su tipo reducido en el impuesto de sociedades (12,5%), alta seguridad jurídica y marco regulatorio favorable.
Estonia, por su parte, mantiene un sistema donde los beneficios solo tributan cuando se distribuyen, lo que incentiva la reinversión empresarial. Suiza y Letonia también ocupan posiciones destacadas gracias a su equilibrio entre recaudación eficiente y fomento de la actividad económica.
Frente a ellos, España presenta una complejidad normativa creciente, un uso excesivo de figuras tributarias no armonizadas y un incremento de las cargas regulatorias que obstaculizan la planificación empresarial a largo plazo.
Impacto sobre la inversión y el crecimiento empresarial
Según el IEE, la fiscalidad es un factor determinante en las decisiones de inversión empresarial, especialmente en un contexto de globalización económica. La posición deficiente de España en este índice puede tener consecuencias negativas sobre:
- La atracción de capital extranjero.
- La retención de sedes corporativas.
- La competitividad de las pymes frente a países vecinos.
El informe advierte de que una fiscalidad menos competitiva desincentiva el emprendimiento, dificulta la escalabilidad empresarial y resta atractivo a España como destino de inversión internacional. Esta situación contrasta con los objetivos de crecimiento sostenible e inclusivo que promueve la UE.
Recomendaciones del IEE para mejorar la competitividad fiscal
El Instituto propone una serie de medidas concretas para revertir esta tendencia:
- Reducción de tipos impositivos efectivos en el impuesto de sociedades.
- Simplificación del sistema tributario, eliminando tributos redundantes.
- Mayor armonización normativa entre comunidades autónomas.
- Estabilidad regulatoria y seguridad jurídica para planificar inversiones.
- Eliminación de impuestos distorsionantes que afectan la eficiencia económica.
Estas reformas permitirían alinear a España con los estándares internacionales de fiscalidad competitiva, favoreciendo la recuperación económica y el dinamismo empresarial.
El papel de la planificación fiscal y el entorno internacional
En un mundo cada vez más interconectado, las empresas valoran la posibilidad de llevar a cabo una planificación fiscal eficiente. Esto no implica evasión, sino la optimización del cumplimiento tributario dentro del marco legal.
España, según el informe, presenta dificultades en este ámbito debido a:
- Ambigüedades en la normativa.
- Elevado nivel de inspecciones e inseguridad interpretativa.
- Ausencia de mecanismos efectivos de resolución anticipada de conflictos.
La falta de una estrategia clara en este aspecto también limita la competitividad del país frente a otros socios europeos con mayor previsibilidad normativa.
Fiscalidad y digitalización: el reto pendiente
Otro aspecto relevante es el impacto de la digitalización en la fiscalidad. El informe del IEE señala que España necesita avanzar en la integración tecnológica de la Administración Tributaria, mejorando:
- La automatización de procesos.
- La transparencia en la comunicación con el contribuyente.
- La accesibilidad a herramientas de cumplimiento digital.
Un sistema fiscal digitalizado y eficiente no solo mejora la recaudación, sino que también reduce los costes administrativos y aumenta la confianza de los agentes económicos.
La presión fiscal subjetiva: percepción vs. realidad
El IEE también introduce el concepto de presión fiscal subjetiva, entendida como la percepción empresarial sobre la carga tributaria. En este aspecto, España se sitúa entre los países con peor valoración, debido a:
- Inseguridad jurídica.
- Alta litigiosidad tributaria.
- Complejidad de las obligaciones formales.
Esta percepción tiene un efecto directo sobre la confianza empresarial, la decisión de reinvertir beneficios y la planificación a medio y largo plazo. Mejorar la competitividad fiscal requiere también atender a estos indicadores de confianza.
Fiscalidad verde y sostenibilidad: ¿una oportunidad perdida?
Aunque España ha avanzado en la introducción de figuras impositivas ambientales, el informe advierte que estas deben diseñarse bajo criterios de eficiencia económica y no solo recaudatoria. La llamada fiscalidad verde puede ser una herramienta de competitividad si:
- Incentiva la innovación.
- No grava excesivamente la producción.
- Se reinvierte en digitalización y transición energética.
En caso contrario, se corre el riesgo de aumentar la carga fiscal sin mejorar la competitividad ni el impacto medioambiental.
El coste de cumplimiento tributario: un freno silencioso
Más allá de los tipos impositivos, el informe destaca el coste de cumplimiento tributario como un factor relevante en la competitividad fiscal. Las empresas españolas deben afrontar elevados costes asociados a:
- Tiempo dedicado a la preparación de impuestos.
- Asesoramiento jurídico y fiscal especializado.
- Revisión constante de cambios normativos.
Este escenario penaliza especialmente a las pymes, que disponen de menos recursos para cumplir con las obligaciones fiscales. Una simplificación normativa reduciría estos costes y liberaría recursos para la innovación y el crecimiento.
La competitividad fiscal como política de Estado
El IEE insiste en que la mejora de la competitividad fiscal empresarial en España 2025 debe ser una prioridad estratégica. No se trata solo de atraer inversión extranjera, sino de facilitar que las empresas nacionales puedan crecer, innovar y competir en igualdad de condiciones en el entorno global.
Una fiscalidad más competitiva debe ir acompañada de:
- Transparencia institucional.
- Certidumbre jurídica.
- Diálogo permanente con los sectores productivos.
De este modo, se crea un ecosistema económico más robusto, capaz de generar empleo, aumentar la recaudación de forma sostenible y mejorar el bienestar social.
Una llamada a la acción fiscal urgente
La posición de España en el ránking de competitividad fiscal empresarial 2025 debe ser un toque de atención para los responsables políticos. El actual entorno tributario, lejos de estimular el crecimiento, frena la inversión, reduce el atractivo empresarial y complica la sostenibilidad de largo plazo.
Para revertir esta situación, es imprescindible una estrategia fiscal integral, coordinada con los objetivos de digitalización, sostenibilidad e inclusión que promueve Europa. Una fiscalidad más competitiva no implica renunciar a la justicia social, sino construir un marco propicio para el desarrollo de empresas, empleo y bienestar colectivo.
La caída de España en el ránking de competitividad fiscal empresarial es alarmante y subraya la necesidad de reformas inmediatas. La alta carga fiscal y la complejidad del sistema tributario obstaculizan la inversión y el crecimiento.
Para revertir esta tendencia, es indispensable simplificar el marco impositivo, fomentar la seguridad jurídica y alinear políticas fiscales con las mejores prácticas internacionales.
Un enfoque integral no solo atraerá inversiones, sino que también potenciará el desarrollo económico y el bienestar social en el país.
