El PP espera llegar a acuerdos con el PSOE sobre la Ley Antidesahucios, que se debate hoy en el Congreso

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El Partido Popular espera que, al calor del pacto sobre la solución para los afectados por las participaciones preferentes, se pueda llegar a acuerdos con los socialistas con respecto a la Ley Antidesahucios, que este miércoles será protagonista del Pleno del Congreso, donde se debatirán las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular espera que, al calor del pacto sobre la solución para los afectados por las participaciones preferentes, se pueda llegar a acuerdos con los socialistas con respecto a la Ley Antidesahucios, que este miércoles será protagonista del Pleno del Congreso, donde se debatirán las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Así lo manifestó ayer el portavoz parlamentario 'popular', Alfonso Alonso, en rueda de prensa en la Cámara baja, donde subrayó que, aunque el Gobierno pueda tomar decisiones por sí mismo gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP, la idea es "compartir las soluciones" porque "es bueno y añade confianza".

Por ello, ha expresado su deseo de que "en este clima" de principios de año, diferente al del pasado periodo de sesiones, 'populares' y socialistas puedan llegar a acuerdos en una materia de gran impacto social como es la normativa hipotecaria y sobre desahucios que se está tramitando. "Estuvimos a punto de llegar a un acuerdo, se negoció hasta la madrugada pero les dio vértigo. A ver si ahora se puede pactar", añadió el diputado alavés.

AMPLIAR LA MORATORIA

También desde el PSOE quieren consensuar lo máximo posible esta normativa, que en la sesión plenaria defenderá el ministro de Economía, Luis de Guindos, y que actualmente prevé una moratoria de dos años para las ejecuciones hipotecarias cuyos titulares cumplan ciertos requisitos económicos y familiares, así como la creación de un fondo social de vivienda en alquiler para las víctimas de desahucios.

Sin embargo, los socialistas han optado por presentar una enmienda de totalidad contra este proyecto de ley, veto que va acompañado por un texto alternativo, en el que fijan como exigencia que se suavicen los requisitos para acogerse a la moratoria y congelar los intereses de demora, así como abordar cambios más profundos en la actual legislación hipotecaria.

En concreto, reclaman una paralización de todas las ejecuciones hipotecarias –independientemente del punto en que se encuentren– durante tres años y sin acumulación de intereses de demora, para todas las familias en situación de sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso que tengan una renta familiar inferior a tres veces el IPREM y cuya hipoteca sobre la vivienda habitual supere el 50% de sus ingresos netos.

Por otra parte, su texto alternativo incluye también la exigencia de que el Código de Buenas Prácticas aprobado hace casi un año sea permanente y obligatorio para todas las entidades financieras, y no sólo las participadas por el FROB, con el objetivo de que las personas que hayan perdido su vivienda puedan renegociar y reestructurar sus deudas.

Con respecto al fondo social de viviendas, los socialistas reclaman que se destinen al mismo todas las viviendas controladas por el FROB, las que se transfieran al 'banco malo' y las gestionadas por las administraciones públicas.

IU-ICV: MORATORIA UNIVERSAL

Por su parte, la Izquierda Plural reclama una moratoria "universal e indefinida" de las ejecuciones –independientemente de la fase en que se encuentren– a petición del deudor con insolvencia sobrevenida o de las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, siempre que se trate de la vivienda habitual y no se disponga de otra donde residir, sin otros requisitos económicos o familiares adicionales.

La moratoria conllevará una suspensión del devengo de intereses y se mantendrá "mientras no se acuerde la dación en pago o un procedimiento de liquidación ordenada" de las deudas –quita o refinanciación ajustada a las posibilidades del deudor–, acompañándose de la puesta a disposición de la familia de una vivienda digna adecuada a sus posibilidades durante al menos cinco años.

En la misma línea, se propone ampliar la moratoria de los desahucios de vivienda urbana en régimen de alquiler en situaciones similares y que se aceleren los términos de realojamiento, además de sugerir la creación de un fondo de pago de rentas para que los arrendadores no se vean perjudicados.

Además, se reclama que el Fondo de Alquiler incluya todas las viviendas de titularidad pública que estén vacías, de entidades financieras nacionalizadas o participadas por el FROB y del 'banco malo'. Este fondo, que será de titularidad estatal pero que gestionarán las comunidades autónomas, deberá ofrecer viviendas en alquiler a precio protegido no superior al 30% de los ingresos mensuales de los beneficiarios durante al menos cinco años.

IU-ICV pide por último que el arbitraje judicial y la mediación sea obligatoria en cualquier proceso de ejecución, que el deudor pueda elegir libremente qué opción de las previstas en el Código de Buenas Prácticas se le aplican, y que se supriman los condicionantes y limitaciones familiares o económicas para fijar el umbral de exclusión.

BNG: CAMBIOS LEGALES PROFUNDOS

Por su parte, la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama cambios legales profundos ante una normativa procesal, hipotecaria y civil que "impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que les sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a una vivienda digna de personas cuyo incumplimiento de la obligación de pago viene motivada por causas ajenas a su voluntad".

En concreto, los nacionalistas gallegos proponen que en los casos de deudores de buena fe que vean en riesgo su vivienda habitual puedan optar a la dación en pago, "de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad". Además, reclaman procesos de negociación de las ejecuciones que conduzcan a una moratoria en los pagos acomodándolos a la situación del deudor, la transformación de la hipoteca en un alquiler con opción a compra o la condonación parcial de la deuda.

El BNG pide también cambios en el Código Civil y la Ley Hipotecaria para que pactos voluntarios o normas legales puedan alterar el principio de responsabilidad ilimitada del deudor, de forma que no se vea abocado a la ruina; así como modificaciones de la Ley Concursal para que puedan acogerse a ella personas físicas. Todos estos cambios deben extenderse a los préstamos hipotecarios en trámite de ejecución anterior a la aprobación de la norma.

ESCUCHAR A LOS AFECTADOS

Dado que la mayoría absoluta del PP garantiza el rechazo de las entres enmiendas, las verdaderas negociaciones sobre todos estos asuntos tendrá lugar durante el trámite en la Comisión de Economía, que contará con potestad legislativa plena para aprobar el texto definitivo.

Antes de ello, no obstante, se citará a comparecer a "siete u ocho" representantes de asociaciones del mundo financiero, de los consumidores, de los colegios profesionales, de la judicatura o de las plataformas de afectados por los desahucios; comparecencias que se celebrarán en el Congreso los días 5 y 6 de febrero.

Los grupos parlamentarios podrán aprovechar las propuestas que pongan sobre la mesa estos expertos para completar sus enmiendas parciales, sobre las que se debatirá y negociará a lo largo del próximo mes para que la norma pueda ser aprobada de forma definitiva lo antes posible.

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