La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IULV-CA), defiende las "plenas garantías jurídicas" del decreto ley de función social de la vivienda aprobado por el Gobierno regional y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
