El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha lanzado una audaz iniciativa destinada a adquirir un millón de bitcoins en cinco años, a través del proyecto de ley Bitcoin Act.
Inspirado en el modelo de MicroStrategy, este plan busca posicionar al país como un referente en el ecosistema cripto, estableciendo una Reserva Estratégica de Bitcoin.
Con un enfoque en la sostenibilidad financiera y el maximalismo cripto, esta propuesta podría transformar la relación entre los Estados y las criptomonedas, marcando un nuevo capítulo en la historia financiera global.
Una estrategia nacional inspirada en MicroStrategy
El plan de la administración de Donald Trump, de aquí a cinco años es adquirir un millón de bitcoins en cinco años, a razón de 200.000 unidades anuales. Esta estrategia, recogida en el proyecto de ley Bitcoin Act, se inspira en la trayectoria de MicroStrategy, hoy rebautizada como Strategy, la empresa privada con mayor volumen de bitcoins del mundo.
Con este plan, EEUU no solo aspira a consolidarse como un referente en el ecosistema cripto, sino también a estructurar un nuevo modelo de inversión nacional basado en activos digitales estratégicos.
El proyecto Bitcoin Act: pilares del plan de adquisición
El Bitcoin Act, promovido por el partido republicano, plantea la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin que conserve los activos digitales adquiridos durante un periodo mínimo de 20 años. La propuesta no solo regula las compras, sino también establece la prohibición de liquidar estos activos en el corto o medio plazo.
Este enfoque responde a una visión maximalista, donde se considera que el bitcoin es una reserva de valor superior que debe acumularse para futuras generaciones, siguiendo la filosofía de instituciones y particulares que creen firmemente en su potencial a largo plazo.
Un tesoro cripto ya en marcha
El plan no parte desde cero. En marzo de 2025, Trump ya había creado una reserva de bitcoins a partir de los casi 200.000 tokens incautados por el Departamento de Justicia en los últimos años. Aunque inicialmente estos activos no representaban una estrategia inversora, la oficialización de su inclusión en el balance público ha sido el primer paso hacia un enfoque más ambicioso.
Además, el Bitcoin Act permite que esta reserva se incremente con bitcoins donados, heredados o requisados por el Estado, consolidando un modelo que no depende exclusivamente de compras en el mercado.
Financiación sin impacto presupuestario
Uno de los aspectos más innovadores del plan es su planteamiento de neutralidad presupuestaria. La adquisición de bitcoins no se financiará con nuevos impuestos ni partidas presupuestarias adicionales, sino que se podrán utilizar recursos de la Reserva Federal o ingresos extraordinarios ya disponibles.
El objetivo es evitar que esta estrategia interfiera con el gasto social o fiscal habitual. Es una forma de mantener la inversión dentro de un marco de sostenibilidad financiera.
MicroStrategy como hoja de ruta institucional
La hoja de ruta del Gobierno estadounidense sigue de cerca los pasos de MicroStrategy, que a día de hoy ostenta una cartera de 628.791 bitcoins. Solo en el primer semestre de 2025, la compañía dirigida por Michael Saylor ha recaudado más de 9.560 millones de dólares mediante emisiones de acciones y bonos para financiar sus compras.
Su nueva estrategia, denominada mNAV, consiste en seguir levantando capital siempre que el precio de sus acciones supere 2,5 veces el valor de sus activos digitales por acción. Esta sofisticada ingeniería financiera permite a MicroStrategy expandir su exposición sin diluir excesivamente a sus accionistas.
La clave está en que los inversores perciben valor estratégico en acumular bitcoin, y las acciones de la empresa cotizan con una prima del 1,56x respecto a los criptoactivos en custodia. Cuanto más elevado sea este múltiplo, menor es el número de acciones necesarias para levantar capital y más sostenible es su modelo.
El maximalismo como política de Estado
El modelo de maximalismo cripto, hasta ahora liderado por empresas privadas y particulares, podría ahora institucionalizarse. De aprobarse la Bitcoin Act, Estados Unidos se convertiría en el primer país del G7 en formalizar un plan estructurado de adquisición de bitcoins, marcando un cambio radical respecto a la postura tradicional de regulación restrictiva.
Este paso tiene implicaciones geopolíticas: el dominio sobre bitcoin podría convertirse en una nueva forma de hegemonía financiera. Al igual que en el pasado el oro respaldó las reservas monetarias nacionales, en el siglo XXI el bitcoin podría ocupar un rol análogo.
Críticas y retos regulatorios
A pesar de la innovación que supone el proyecto, el Bitcoin Act también ha suscitado controversias y escepticismo. Algunos sectores económicos consideran que la volatilidad inherente al bitcoin puede poner en riesgo la estabilidad de las cuentas nacionales. Otros advierten del carácter especulativo de una parte del ecosistema cripto.
También existen dudas sobre la capacidad del Congreso y el Senado para aprobar una medida tan disruptiva. Aun así, la presentación de la propuesta ya ha generado un efecto llamada entre los inversores institucionales y podría abrir la vía a legislaciones similares en otras potencias.
La intención del Gobierno de Estados Unidos de adquirir un millón de bitcoins a lo largo de cinco años marca un antes y un después en la relación entre los Estados y las criptomonedas. Este paso convierte al bitcoin en un activo estratégico de interés nacional y sienta las bases para un nuevo orden financiero global.
Inspirado por MicroStrategy, el plan propone una adopción institucional del bitcoin sin precedentes, con un diseño que equilibra la neutralidad fiscal, la sostenibilidad y la seguridad. Su aprobación podría redefinir el papel del dinero y la soberanía monetaria en el siglo XXI, colocando a Estados Unidos, una vez más, en el centro de la revolución tecnológica y financiera global.
Al convertirse en pionero en la adopción institucional de bitcoin, EEUU podría redefinir la soberanía monetaria y establecer un nuevo orden financiero global. Aunque enfrenta críticas y desafíos regulatorios, este enfoque estratégico podría allanar el camino para una era en la que los activos digitales sean fundamentales para la economía nacional.
