MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha propuesto ampliar al aplazamiento de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que atiendan servicios sociales y soporten morosidad de las administraciones públicas, dentro del segundo plan de pago a proveedores que acaba de aprobar el Gobierno.
A pesar de esta demanda, Becerril celebra el plan, incluido en el real decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros, y afirma que esta norma incluye algunas de las recomendaciones que ya hizo esta institución.
Así, indica que el real decreto amplía, tal y como recomendó la Defensora del Pueblo, la definición de proveedor e incluye en el plan de pago a proveedores los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, los convenios de colaboración y las transferencias de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos a instituciones sin fines de lucro y asociaciones con fines sociales que desarrollen su actividad en el ámbito de la atención a menores, personas con discapacidad y tercera edad.
En opinión de Becerril, las medidas aprobadas están en línea con lo que pedía la institución que dirige y ayudarán al mantenimiento de los servicios asistenciales básicos que prestan las admnistraciones local y autonómica.
