El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz permitió hace diez días a la familia Ruiz-Mateos conocer que sus propiedades inmobiliarias estaban embargadas para que las siete hijas del fundador de Nueva Rumasa se pudieran pronunciar contra los embargos, al no estar imputadas en la causa por estafa abierta contra el resto de sus familiares.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz permitió hace diez días a la familia Ruiz-Mateos conocer que sus propiedades inmobiliarias estaban embargadas para que las siete hijas del fundador de Nueva Rumasa se pudieran pronunciar contra los embargos, al no estar imputadas en la causa por estafa abierta contra el resto de sus familiares.
Según el auto dictado el pasado 17 de enero, al que tuvo acceso Europa Press, el juez acuerda el levantamiento parcial del secreto de sumario "a fin de permitir la personación de aquellas personas o entidades que puedan considerarse afectadas por tales medidas y deseen ejercer su derecho de defensa".
Este hecho se produjo después de que dos de las hijas del matrimonio -Begoña y Socorro Ruiz-Mateos- presentaran sendos escritos al juzgado para protestar por los embargos dictados sobre sus viviendas familiares. Las medidas cautelares pesan sobre ellas al estar todas sus casas inscritas a nombre de sociedades pertenecientes al entramado del grupo Nueva Rumasa.
Del auto también se desprende que las alrededor de 220 propiedades inmobiliarias de los Ruiz-Mateos estaban embargadas desde los pasados 17 de noviembre y 21 de diciembre, y que los afectados conocían la decisión por notificación del Registro de la Propiedad. La Policía judicial registró parte de las viviendas de los Ruiz-Mateos el pasado miércoles por orden de Ruz.
En febrero de 2004, las siete hijas del fundador de Nueva Rumasa y Teresa Rivero firmaron ante notario su renuncia a la gestión y la propiedad del grupo empresarial en favor de sus hermanos varones a cambio de pagos anuales en efectivo y varias propiedades inmobiliarias.
Sin embargo, hace cinco años, éstas cedieron a la petición de sus seis hermanos varones de hipotecar las viviendas con la finalidad de conseguir liquidez para evitar la quiebra de Nueva Rumasa. A cambio, ellos se hicieran cargo de las cuotas de los préstamos, que dejaron de pagar hace un año y por lo que los bancos también solicitaron los correspondiente embargos.
LAS HIJAS PODRÍAN PERDER SUS PROPIEDADES
Fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press explicaron que a pesar de que las siete hijas de la familia Ruiz-Mateos reclamen la devolución de los inmuebles y de que todas menos una (Rocío Ruiz-Mateos) no estén imputadas en la causa, será "difícil" que no pierdan sus propiedades, ya que todos los bienes adquiridos con dinero de Nueva Rumasa pueden ser declarados "nulos de pleno derecho" y destinados a cubrir la responsabilidad civil subsidiaria de la estafa.
La Audiencia Nacional mantiene como imputados en la causa al patriarca de los Ruiz-Mateos, su mujer, los seis hijos varones del matrimonio y el sobrino de éstos, Zoilo Pazos. Asimismo, esta semana el juez incluyó en la lista a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Ángel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia-, a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales, a la hija de ésta y del patriarca de la familia, Rocío Ruiz-Mateos, y a su marido, Luis Ojeda.
