El Ejecutivo no entregó al máximo órgano fiscalizador 4.257 contratos públicos por 2.026 millones de euros
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas exige al Gobierno que se adopten las medidas necesarias para el «más riguroso cumplimiento» de los plazos establecidos para la certificación o recepción de los contratos y su pago, teniendo en cuenta que a partir de 2013 la Administración sólo tendrá 30 días para pagar a los proveedores, tal y como fija la Ley de Morosidad aprobada en julio de 2010.
Esta es una de las principales recomendaciones de su Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicio 2006 y 2007 por el sector público estatal, al que ha tenido acceso Europa Press, y que denuncia «defectos, omisiones e irregularidades» derivados de «prácticas o deficiencias» reiteradas desde ejercicios anteriores «y que no han sido corregidos».
En este sentido, afirma que las entidades obligadas «no cumplen, o lo hacen deficientemente» con su deber de remitirle información sobre las incidencias en la ejecución de los contratos, así como de su finalización.
Asimismo, el Tribunal denuncia «prácticas antieconómicas» en la forma de puntuar las ofertas para los contratos, ya que se valoran mejor las que se aproximan a la media aritmética y no las más baratas, lo que provoca «distorsión» en el sistema, así como «falta de ponderación» en los criterios objetivos de adjudicación en los pliegos.
Por otro lado, señala que los expedientes de los contratos analizados faltan documentos exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como deficiencias formales en la constitución de las garantías.
PIDE SANCIONES ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS
Por este motivo, el Tribunal reclama que se incremente la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias «que frecuentemente no están justificadas».
Asimismo, reclama que se lleve a cabo un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, haciendo efectivas las garantías en caso de incumplimiento y «si así procediera» la imposición de penalidades.
22.169,15 MILLONES ENTRE 2006 Y 2007
El informe revela también que el Gobierno dejó sin presentar al Tribunal de Cuentas los expedientes de 4.257 contratos por importe de 2.026 millones de euros del total de 11.689 contratos que los ministerios, organismos públicos y restantes entidades del sector público estatal adjudicaron entre 2006 y 2007 por un importe global de 22.169,15 millones de euros.
El máximo órgano fiscalizador sólo ha recibido 3.797 contratos de 2006 y 3.635 contratos de 2007, por un importe de 7.841,45 y 12.300,97 millones de euros respectivamente, pese a que en 2006 se firmaron 6.030 contratos públicos por un importe de 8.337,53 millones de euros, y otros 5.659 por importe de 13.831,61 millones en 2007.
El Tribunal denuncia que este incumplimiento supone una «limitación» al alcance de la fiscalización, ya que obligó a seleccionar una muestra inferior a la que correspondería se hubiera dispuesto de los expedientes de la totalidad de contratos fiscalizados.
