El CES pide que se incluya la venta a pérdidas entre los supuestos de competencia desleal y que se sometan al mismo régimen sancionador
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Gobierno prevé recaudar unos 690.000 euros anuales por los 8.000 análisis que anualmente realizan los Laboratorios Agroalimentarios, que participan en el control oficial de los productos agroalimentarios de las comunidades autónomas y de las administraciones Local y General del Estado.
Así consta en la memoria de impacto normativo de la Ley de Cadena Alimentaria, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Según el anexo de dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, "parece oportuno regular las tasas por los servicios de análisis oficiales realizados en los laboratorios agroalimentarios" que dependen del Ministerio de Agricultura.
Dado que la Comisión Europea determina que "los estados miembros podrán establecer tasas o gravámenes para cubrir el coste de los controles oficiales", el Ejecutivo ha decidido incluir en la nueva normativa el reglamento de esta financiación.
Estimando que el número de muestras oficiales analizadas anualmente se cifra en alrededor de 8.000, "la recaudación se estima en aproximadamente 690.000 euros", incluyendo tanto los gastos de personal como los gastos de material y reactivos y equipamiento e instrumental.
CÁLCULO DE GASTOS
Para llegar a esa cifra, el Ejecutivo calcula la repercusión de los costes de personal tomando como referencia un módulo medio por hora correspondiente a un técnico Grupo A1 de nivel 24 con un sueldo bruto anual de 200 días trabajados con jornadas de ocho horas a 20 euros la hora. En cuanto al material e instrumental que se utiliza en los análisis se ha tenido en cuenta "el coste inicial, la amortización y el volumen directo consumido en cada análisis".
Así, se determina que la tasa, por ejemplo, para la identificación y/o cuantificación de una sustancia mediante técnicas no instrumentales costará 15 euros, la de identificación y/o cuantificación de residuos de pesticidas irá de 35 a 50 euros; o la determinación del contenido de gluten en alimentos por Western inmunobloting se elevará a 50 euros.
No obstante, el Gobierno prevé que estas medidas no supongan un incremento de gasto dado que la Red de Laboratorio Agroalimentarios está gestionada con los recursos materiales y humanos disponibles.
CARGAS ADMINISTRATIVAS
Por otra parte, la memoria de impacto prevé un incremento de las cargas administrativas a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Cadena Alimentaria por un valor estimado de 5.200 euros entre el coste de la nueva obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios (unos 150 euros por unidad, por ocho asociaciones u organizaciones que se encargarán de elaborar los modelos de contrato) y unos 4.000 euros por la realización de subastas electrónicas, a dividir entre las 40 subastas que podrían realizarse cada año.
En estos costes se incluye la publicidad de las condiciones generales de acceso a la subasta, los posibles costes de participación, los mecanismos de adjudicación y la razón social del adjudicatario.
Sobre este asunto, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) advertía en su informe sobre el anteproyecto de la ley que podrían "obstaculizar el funcionamiento eficiente" de las subastas. "Teniendo en cuenta que las medidas adicionales que se podrían introducir para eliminar dichos riesgos pueden desincentivar en mayor medida la libre utilización de estos instrumentos o incluso motivar su deslocalización a otros países, se debería reconsiderar la pertinencia de regular esta figura", añadía.
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Con respecto al nuevo Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, el informe del Ejecutivo señala que "deberá ser acordado por el Ministerio con las organizaciones y asociaciones de ámbito superior al de una comunidad autónoma, representantivas de los operadores de la producción, la transformación, la industria o la distribución".
Vinculado a este código está el Registro Estatal de Operadores adheridos, que será un "instrumento público" donde figurarán todos los operadores que, interviniendo en la cadena alimentaria, se adhieran al código de forma voluntaria. También se creará un Observatorio de la Cadena Alimentaria como órgano colegiado adscrito al Ministerio.
El Consejo Económico y Social (CES), en su análisis del anteproyecto, consideraba que este código estará "justificado siempre y cuando recoja entre sus buenas prácticas objetivos que superen a los de la propia ley". Por otra parte, el órgano consultivo también señalaba que "sería deseable que se recogiera la prohibición de las ventas a pérdidas" en la normativa y que, de igual manera que sucederá con las prácticas comerciales abusivas, se pudiera someter a quienes vendan a pérdidas al régimen de sanciones e infracciones previsto.
