El Gobierno catalán estudia acciones legales contra el proyecto Castor

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El Gobierno catalán estudia "muy seriamente" la posibilidad de emprender acciones legales contra el proyecto Castor después de que en la última noche se hayan registrado una veintena de movimientos sísmicos en Tarragona y que se atribuyen a la actividad de este almacén marino de gas situado en el Delta del Ebro.

L'ALDEA (TARRAGONA), 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno catalán estudia "muy seriamente" la posibilidad de emprender acciones legales contra el proyecto Castor después de que en la última noche se hayan registrado una veintena de movimientos sísmicos en Tarragona y que se atribuyen a la actividad de este almacén marino de gas situado en el Delta del Ebro.

Así lo ha explicado este jueves el delegado del Gobierno en Terres de l'Ebre, Francesc Xavier Pallarès, tras inaugurar con la ministra de Fomento, Ana Pastor, la variante de L'Aldea en la N-340 : "Hemos hablado con el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y estudiamos muy seriamente la posibilidad de que la Generalitat se presente vía judicial para exigir responsabilidades".

"Se están estudiando las posibilidades a través de los gabinetes jurídicos de la Generalitat para ver qué margen tenemos. Si el mecanismo de la justicia se debe utilizar, lo haremos", ha añadido, ya que ha recordado que la Generalitat no tiene ninguna competencia, pero sí la responsabilidad de dar una respuesta a los ciudadanos.

Según Pallarès, la Generalitat también exige al Gobierno central toda la información que tenga disponible para compararla con la del Instituto Geológico de Cataluña, y trasladársela a los alcaldes de los municipios afectados.

Así, a las 18.30 de este jueves está previsto un encuentro en el Ayuntamiento de Alcanar con todos los alcaldes para presentar los informes de los que dispone el Gobierno, y a la reunión también asistirá el consejero de Interior, Ramon Espadaler.

Preguntado sobre si cree que la empresa promotora del proyecto, Escal UGS, no ha paralizado su actividad, ha dicho que la compañía no se ha puesto en contacto todavía con la Generalitat, por lo que "el Govern tiene derecho, como mínimo, a sospechar".

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