A finales del año pasado, el Banco Central Europeo dio luz verde a las recomendaciones de un grupo de trabajo para simplificar el marco regulatorio del sistema bancario del viejo continente. Este ha sido el tema de debate de la última sesión de Diálogos de Actualidad organizada por PROA Comunicación.
El encuentro ha contado con la participación de Montserrat Martínez, asesora del Gobernador del Banco de España, y de Francisco Uría, director general del Instituto Español de Banca y Finanzas en CUNEF Universidad. Ambos, rodeados de empresarios, representantes institucionales y directivos, mantuvieron una charla técnica en la que se abordaron los retos regulatorios que afronta el sector en un entorno económico y tecnológico en transformación constante.
Una década de acumulación normativa en la regulación bancaria
Tras la crisis financiera, Europa impulsó un amplio paquete de reformas destinadas a reforzar la solvencia y la supervisión de las entidades. La creación de la Unión Bancaria, el endurecimiento de los requisitos de capital y la implantación de nuevas exigencias de información han configurado un marco más robusto, pero también más complejo.
Y ese es el reto de la propuesta del BCE, simplificar ese marco. De ahí que el debate se haya abierto para la revisión de la arquitectura regulatoria. El organismo ha dejado claro que no se eliminarán los estándares de solvencia. Lo que busca es simplificar procedimientos, reducir cargas innecesarias y reforzar el principio de proporcionalidad, especialmente para las entidades de menor tamaño.
De este modo, el reto con estas novedades será buscar el equilibrio entre simplificación y prudencia. Y es ahí donde se enmarca este evento/debate organizado por PROA.
Durante el encuentro, los ponentes reflexionaron sobre el delicado balance entre supervisión y competitividad. Un entorno regulatorio excesivamente complejo puede generar costes operativos elevados, afectar a la capacidad de innovación y limitar la agilidad de las entidades. Sin embargo, una relajación excesiva podría erosionar la confianza en el sistema.
Montserrat Martínez subrayó la importancia de preservar la estabilidad financiera como prioridad irrenunciable, al tiempo que reconoció la conveniencia de revisar procesos y requisitos que, con el paso del tiempo, han podido generar duplicidades o ineficiencias.
Por su parte, Francisco Uría destacó que los procesos de simplificación normativa no solo afectan a la estructura interna de los bancos, sino que tienen repercusiones directas sobre la economía real. Las condiciones de acceso al crédito, la financiación de familias y pequeñas y medianas empresas o la capacidad de canalizar recursos hacia proyectos productivos dependen, en parte, del entorno regulatorio.
Desde esta perspectiva, una regulación más clara y proporcionada podría contribuir a mejorar la eficiencia del sistema financiero y facilitar el flujo de financiación hacia la economía productiva, siempre dentro de un marco de prudencia.
Adaptación a nuevos desafíos
La conversación también abordó el impacto de los cambios tecnológicos y económicos. La digitalización, la aparición de nuevos competidores fintech y la integración de criterios de sostenibilidad en la actividad bancaria añaden capas adicionales de complejidad normativa.
Con todo, ha quedado claro con esta charla de expertos que la simplificación de la regulación bancaria no significa ausencia de reglas, sino adaptación inteligente a un entorno en evolución. Los participantes coincidieron en que el marco legal debe ser capaz de acompañar la innovación sin obstaculizarla, garantizando al mismo tiempo la protección de los consumidores y la estabilidad sistémica.
