Javier Anta rechaza que se haya producido una burbuja en el sector
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Javier Anta, ha anunciado que se reunirá el lunes con la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, para pedirle que recurra por inconstitucional el real decreto ley 14/2010 en el que se recoge el recorte de horas con derecho a prima a la energía fotovoltaica.
Durante un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Energía, Anta explicó que esta iniciativa forma parte del frente judicial abierto por la asociación después de constatar que ni el Congreso ni el Senado a través de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible han detenido la aplicación del real decreto ley.
«No espero nada del legislativo, y tengo noticias de que ayer por la noche CiU y PNV retiraron las enmiendas que defendían con tanto ardor», de modo que «sólo queda la vía judicial», aseguró Anta, quien, en todo caso, calificó las modificaciones estudiadas por la Cámara Alta de «parches».
«Eran convenientes y estaban muy bien trabajados, pero por la información que tengo de lo sucedido anoche se van a quedar en nada», señaló, antes de considerar que al giro en la posición de los grupos nacionalistas se suma una posición del PP de «decir no de principio» que «ni es pragmática ni ayuda, pese a ser respetable».
Ante esta circunstancia, ASIF ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del real decreto 1565/2010 de noviembre que reduce a 25 el número de años con derecho a prima e intentará que prospere algún recurso de inconstitucionalidad, ya sea a través de la Defensora del Pueblo, de los distintos organismos autonómicos de este tipo, de 50 parlamentarios o de las propias demandas de daño patrimonial de los productores fototovoltaicos.
Sobre este último aspecto, Anta explicó que la asociación ha creado junto a KPMG una plataforma para que «todos los individuos que quieran puedan reclamar un daño patrimonial ante el Tribunal Supremo, para lo que deberán recurrir mes a mes las liquidaciones de primas» que realiza la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
«LA SEÑORA MARÍA».
El presidente de ASIF señaló además que, a pesar de que «hay factores positivos que empujan a la inversión», el momento actual está marcado por la posibilidad de que en agosto o en septiembre se empiecen a producir «embargos» a promotores incapaces de responder a las exigencias de financiación de las plantas. «Estoy hablando del gran inversor, pero también hablo de la señora María, que se hipotecó con el banco», dijo.
Además, lamentó la «campaña mediática» contra la fotovoltaica en la que se presenta a los productores como «timadores» y subrayó que en las inspecciones de la CNE se analizan especialmente las plantas «sospechosas», de modo que los resultados no pueden extrapolarse al conjunto del sector. En ese sentido, dijo haber preferido que el Gobierno «luchara de forma más decidida contra el fraude».
«BURBUJA FOTOVOLTAICA».
Por otro lado, Anta replicó a las afirmaciones de ayer en el Senado del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acerca de que en el sector fotovoltaico se había producido una burbuja similar a la de otras actividades económicas en el pasado.
«Me gustaría tener una definición clara acerca de lo que es una burbuja y de lo que es un producto financiero, pero con las definiciones que yo utilizo ni es una burbuja ni es un producto financiero», afirmó el presidente de ASIF.
«MEJOR GOBIERNO».
Junto a esto, consideró «fundamental» que haya «un mejor Gobierno», ya sea «del partido actual o de otro», que «abandone las posiciones actuales» y que «remedie lo que ha hecho» el actual. El Ejecutivo, señaló, debe aprobar además «urgentemente» una simplificación de procedimientos administrativos, ya que España es el «último de la clase» en Europa en este aspecto, señaló.
Otras de las medidas que conviene aplicar, a juicio de Anta, es la «legalización del autoconsumo» fotovoltaico y un «reforzamiento del equipo ministerial que se ocupa del régimen especial», de forma que Industria abandone «sus posiciones discriminatorias y agresivas» contra la fotovoltaica.
