MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han estimado que España cuenta con un margen de subida de 724 millones de euros en los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco para equiparar la recaudación con la media de los 27 países de la UE, según han informado en un comunicado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó anoche que en el Consejo de Ministros de este viernes está prevista la aprobación de las
"subidas de impuestos" y sugirió que este incremento afectará al alcohol, principalmente a las bebidas espirituosas, sin tocar la exención del vino y de la cerveza de baja graduación alcohólica, y al tabaco, entre otros.
El informe de los técnicos de Hacienda muestra que España se sitúa en la decimonovena posición en el ranking de recaudación por este tipo de tributos, lo que representa un puesto poco significativo teniendo en cuenta que España es la quinta economía europea por PIB.
Gestha considera que es "necesario aumentar sustancialmente el gravamen" sobre este tipo de consumos y defiende una mayor carga impositiva sobre estos impuestos especiales por una razón puramente económica y de optimización del gasto.
En la actualidad, el consumo de alcohol y tabaco supone para las arcas públicas, tanto de forma directa e indirecta, un coste social de 20.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 2% del PIB.
PIDE LUCHAR CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA
Por otro lado, Gestha respalda la decisión del Ejecutivo de reducir las deducciones que se aplican las grandes empresas, sobre todo aquellas que facturan más de 20 millones de euros anuales, para aumentar el tipo efectivo que pagan por el impuesto de sociedades, ya que las compañías con una facturación superior a los 1.000 millones de euros tributan por debajo del 17%, casi la mitad de lo que le corresponde, que es el 30%.
Los técnicos de Hacienda consideran que el Gobierno debe luchar contra la economía sumergida, que en España llega al 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, lo que supone una pérdida de ingresos tributarios y de cuotas a la Seguridad Social de casi 89.000 millones para el Estado, cantidad que duplica el coste de los intereses de la deuda pública de este año.
Por este motivo, piden al titular de Hacienda que las actuaciones de inspección tributaria se focalicen en grandes fortunas y empresas, que son las que concentran el 71,8% del fraude fiscal, además de incluir incentivos en la próxima reforma fiscal para aflorar economía sumergida.
