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El Ministerio de Economía y el PSOE negocian un acuerdo sobre la reforma financiera

julio 23
13:52 2014

El diálogo se ha establecido sobre la base de que se tramitará como proyecto de Ley para poder incorporar los cambios que pacten

El diálogo se ha establecido sobre la base de que se tramitará como proyecto de Ley para poder incorporar los cambios que pacten

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Economía y el PSOE están negociando desde el martes un acuerdo sobre la reforma financiera que está previsto que se vote mañana en el Parlamento, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación.

Los socialistas han hecho llegar al ministro de Economía, Luis de Guindos, un documento en el que plantean una serie de condiciones para apoyar la convalidación del Decreto Ley de Reestructuración del Sector Financiero, que aprobó el pasado día 11 el Consejo de Ministros y que supone la exigencia por parte del Gobierno de nuevas provisiones a las entidades financieras para que cubran también sus activos sanos.

La convalidación de esta Real Decreto está prevista para mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados, por lo que las negociaciones entre el ministro de Economía y los representantes socialistas se están produciendo contrarreloj y, según las fuentes consultadas, sobre la base de que se tramitará como proyecto de Ley, con el fin de que se puedan incluir los cambios que finalmente se pacten.

El PSOE remitió el martes y a través del ex ministro de Trabajo y portavoz de Economía del Grupo Socialista en el Congreso, Valeriano Gómez, el documento que han preparado los socialistas durante estas tres últimas semanas con los cambios que reclaman para apoyar la reforma financiera.

El ministro y los técnicos de su departamento estudiaron el documento y ayer mismo comenzaron los contactos entre el PSOE y De Guindos. Un diálogo que prosigue hoy y que se prevé intenso dado que faltan menos de 24 horas para que se produzca la votación del Real Decreto Ley en el Parlamento.

Entre las quejas que han expresado los socialistas sobre esta reforma financiera –y que de alguna manera están reflejadas en el documento enviado a Economía– está el hecho de que, en su opinión, generará más restricciones de crédito, no aclara cómo se recuperarán los fondos públicos que se inyecten en las entidades financieras y el riesgo de generar una concentración excesiva de entidades que perjudique al consumidor.

Además, el PSOE reclama un cambio en el artículo 3.5 del Decreto que establece que las aportaciones públicas a las sociedades de activos inmobiliarios -es decir, las que agruparán los activos potencialmente tóxicos– se regularán por reglamento, es decir, sin pasar por la Cámara.

Los socialistas también piden cambios en el articulado del decreto "para garantizar que todo el dinero que se mete se recupera con intereses". De hecho, Rubalcaba explicó el pasado lunes que si hay minusvalías al vender las participaciones, las tendrá pagar el Fondo de Garantía de Depósitos.

El PSOE quiere que los bancos con mayoría de capital público tengan un "comportamiento singular" con los ciudadanos, en concreto con quienes tienen hipotecas, compraron participaciones preferentes y se sienten "engañados" y con las pymes que necesitan crédito.

Finalmente, los socialistas quieren que se establezca un régimen de transparencia para que los gestores de bancos públicos y quienes los controlen desde el Gobierno tengan que rendir cuentas el Parlamento y que se añada alguna previsión específica en el Real Decreto por si el Gobierno tiene que mantenerse en el capital de algún banco y convertirlo en entidad pública.

La nueva norma aprobada por el Gobierno contempla que las provisiones por deterioro de valor en la cartera de crédito promotor se eleven del 7 por ciento actual al 30 por ciento del total de alrededor de 122.000 millones de euros que están al corriente de pago.

En total, se obligará a la banca a provisionar el 52 por ciento de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). También se exigirá una cobertura de un 29 por ciento para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14 por ciento para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones.

Así, la banca española deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago, con el objetivo de garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre las entidades.

Además, las entidades tendrán que presentar ante el Banco de España antes del 11 de junio sus planes para cumplir con las nuevas exigencias, que se suman al saneamiento de 54.000 millones de euros en la cartera de crédito problemático, por lo que la limpieza total del sector ascenderá a unos 84.000 millones de euros. Es decir, presentarán estos planes de reequilibrio un día después de que el actual gobernador del Banco de España deje su cargo en el organismo supervisor.

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