La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha ampliado su investigación en los mercados de aprovisionamiento de algodón bruto bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos para fijar los precios pagados a los productores de algodón, reparto de mercado y cierre de mercado a nuevas desmotadoras, según informó el organismo en un comunicado.
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha ampliado su investigación en los mercados de aprovisionamiento de algodón bruto bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos para fijar los precios pagados a los productores de algodón, reparto de mercado y cierre de mercado a nuevas desmotadoras, según informó el organismo en un comunicado.
En el marco de esta investigación, técnicos de la CNC llevaron a cabo el pasado martes una serie de inspecciones en diversas empresas desmotadoras de algodón, así como en la sede de las asociaciones a las que pertenecen éstas.
Esta inspección se enmarca en el expediente sancionador incoado por Competencia el pasado mes de febrero contra las empresas Algosur, Dafisa, Eurosemillas, Indesa, y Coalsa, que fue ampliado el 30 de julio a Surcotton y Algodonera Blanca Paloma, por supuestas conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, consistentes en la adopción de acuerdos tendentes de forma directa o indirecta a fijar los precios pagados a los productores de algodón.
En el desarrollo de este expediente, el organismo ha tenido acceso a determinada información relacionada con "otros posibles ilícitos" para el reparto de mercado y para evitar la entrada a nuevas empresas competidoras.
La CNC recuerda que las inspecciones suponen un paso adicional en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas y asociaciones inspeccionadas.
En caso de acreditarse las presuntas infracciones, se procedería a una ampliación de la incoación del expediente, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
