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Apdha muestra "absoluta decepción" ante el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar desahucios

julio 23
13:52 2014

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha mostrado este viernes su más "absoluta decepción" ante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar desahucios, ya que, según ha afirmado la reforma del Gobierno Central sirve para "facilitar desahucios y fomentar la seguridad jurídica de propietarios y sector financiero mientras que da la espalda a la exclusión social de miles de familias" En una nota, la organización ha afirmado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han llevado a cabo 46.559 desahucios en el primer trimestre de 2012, 185.145 desde 2007 y que Andalucía se sitúa a la cabeza con 72.900.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha mostrado este viernes su más "absoluta decepción" ante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar desahucios, ya que, según ha afirmado la reforma del Gobierno Central sirve para "facilitar desahucios y fomentar la seguridad jurídica de propietarios y sector financiero mientras que da la espalda a la exclusión social de miles de familias"

En una nota, la organización ha afirmado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han llevado a cabo 46.559 desahucios en el primer trimestre de 2012, 185.145 desde 2007 y que Andalucía se sitúa a la cabeza con 72.900.

En este sentido, miles de familias sin hogar viven en la más absoluta precariedad, con el 35 por ciento de pobreza en Andalucía, siendo la media española del 22 por ciento. En este contexto, el Gobierno, con el objeto de solucionar el problema del derecho a la vivienda, ha modificado este viernes la Ley de Enjuiciamiento Civil para "favorecer la seguridad jurídica de los propietarios y crear más desprotección para los inquilinos", según Apdha.

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Según datos de 2010 de Eurostat, como añade Apdha, un 83 por ciento de la ciudadanía reside en una vivienda de su propiedad, frente al 17 por ciento restante que alquila principalmente (porcentaje algo más elevado en Barcelona, que ronda el 25 por ciento).

Sin embargo, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador, pero "ese número era sólo de viviendas de nueva construcción, a él debemos añadir los miles de desahucios que se están produciendo al mes durante los últimos dos años", ha apostillado el colectivo defensor de los derechos humanos.

Por ello, la Apdha ha considerado que "esta reforma se ha realizado para atender las demandas del sector financiero, que necesita alquilar viviendas a corto plazo y facilitar al máximo los desahucios para acelerar los procesos".

Además han afirmado que "el derecho al uso y disfrute de una vivienda digna es hoy en día un lujo, cuando debería estar garantizado para toda la ciudadanía y no solamente para beneficiar a quienes se enriquecen y especulan con este derecho básico".

REIVINDICACIONES DEL APDHA

Algunas medidas que han reivindicado han sido el cese inmediato de la privatización del parque público de vivienda de todas las Administraciones Públicas, el cese inmediato de la venta del patrimonio público de suelo, reorientar toda la actividad de promoción e inversión pública destinada a vivienda, hacia la vivienda pública en alquiler y hacia la rehabilitación, y la creación de un Banco Público que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública de

vivienda.

Además, también han propuesto la erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna y la expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función

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de uso social.

También han pedido que se lleve a cabo la expropiación de las viviendas cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento así como la despenalización por el Parlamento de la nación española de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

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