MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han anunciado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias por las que el presidente de la cervercera Damm, Demetrio Carceller Arce, fue imputado por el juez Pablo Ruz por delitos contra la Hacienda Pública. Anticorrupción había presentado escrito de acusación contra él solicitando 14 años de prisión como responsable de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que el anuncio de recurso se ha presentado en el plazo de cinco días hábiles de que disponía la Fiscalía para hacerlo una vez le fue notificado el auto por el que se sobreseyó la causa, firmado por los magistrados de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz-Polanco.
En esta resolución, notificada el pasado 2 de enero, se estimaban los argumentos del abogado José Antonio Choclán y se señalaba que producía "cierta extrañeza" que aunque las actuaciones se iniciaran por Ruz en junio de 2009 contra el Demetrio Carceller Coll, expresidente de la cervecera y padre de Carceller Arce, éste último no fuera imputado hasta el pasado mes de junio. Se añadía que el proceso que se archivaba en ningún modo debía perjudicar a la honorabilidad del empresario.
A partir de este momento, la Audiencia Nacional deberá emplazar a la Fiscalía a formalizar su escrito, un trámite que debe realizar la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la que en último término decidirá sobre la interposición del recurso, según las mismas fuentes.
IMPUTACIÓN TARDÍA Y EXTRAÑA
En el auto dictado por la Audiencia Nacional, que ahora se recurre, se señalaba que "tras el examen de lo actuado, resulta cierto de toda certeza que los datos consignados como inculpatorios tomados en consideración en dicho auto -6 de junio de este año- preexistían con notable anterioridad al mismo, sin que (…) se añadan otros datos novedosos (…) como resultado de ulterior investigación que permitieran la también novedosa imputación.
Añadía la resolución de la Sala que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 "se limitó a asumir la solicitud del Ministerio Fiscal sin sumar a sus alegaciones consideración alguna autónoma, de cosecha propia, seguramente por estimar (…) que ya se concretará la imputación y que es mejor dejar las cosas para el plenario (…)".
La Fiscalía atribuía a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (EE.UU.), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.
Su defensa negaba este extremo y sus argumentos son acogidos ahora por la Sala, llamando la atención sobre el hecho de que por dichas actividades viniera siendo imputado, desde el inicio del procedimiento hace cuatro años y hasta el pasado junio el empresario Javier Ribas, cuya implicación fue revocada precisamente en el mismo auto en el que se incluyó la del presidente de Damm.
En su recurso de la apelación, la defensa incidía en que "sin duda habrá pesado en aquella decisión la circunstancia de que el señor Ribas es hijo de doña Manuela Vila Adroher, que ha presentado declaraciones complementarias y regularizado su situación tributaria" con Hacienda.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, la madre de Ribas abonó tras la imputación de su hijo en 2010 5.245.080,75 euros tras presentar declaración complementaria por el IRPF entre 2005 y 2009 y el Impuesto de Patrimonio entre 2005 y 2007.
La Sala no dice nada sobre estos extremos, si bien subraya que tras el examen de las pruebas "no aparece acreditado -ni mencionado- dato alguno que se refiera al concreto modo operativo defraudador del recurrente (…) a quien ha de atribuirse meramente la actividad dirigida a supervisar, controlar las inversiones de su padre y a recibir información sobre las mismas" por parte de Ribas y las responsables norteamericanas de la inmobiliaria, señoras Morrinson y Gunvaldson.
Por todo ello, la Sala concluía en la "inexistencia de datos acreditados que apunten a la ejecución por el recurrente de actos de cooperación necesaria causalmente relevante, a una defraudación de naturaleza penal atribuida a otros", de modo que rechaza las imputaciones y declara el sobreseimiento libre de las diligencias abiertas al presidente de la cervecera.
POSICIÓN DE LA DEFENSA
Ante la decisión de la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de presentar sendos recursos, la defensa ha señalado en declaraciones a Europa Press que consideran dicho recurso "inviable" por no corresponder al Tribunal Supremo una nueva valoración del material de la instrucción que ya ha realizado la Sala de lo Penal.
En este sentido, los abogados de Carceller Arce estiman que el recurso no prosperará "habiendo quedado ya de sobra acreditado que la acusación era manifiestamente infundada y arbitraria, y estaba basada en premisas erróneas y falsas". Añaden que la decisión del Ministerio Público y de la Abogacía "no hace sino alargar un proceso en el que, como recalcó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su auto no había lugar para imputación alguna, y en el que se ha dañado de manera injusta la honorabilidad" de su cliente.
