El Gobierno tramitará las quejas de los consumidores y realizará las liquidaciones de costes del sistema eléctrico
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asumirá a partir de octubre, una vez empiece a funcionar la nueva Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), el control sobre los actuales consejos consultivos de electricidad e hidrocarburos, que hasta ahora dependían de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
De esta forma, Industria dirigirá, bajo la presidencia del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, los órganos que el regulador energético utilizaba para contrastar y debatir propuestas con empresas, consumidores y comunidades autónomas, informaron a Europa Press en fuentes del sector.
La Ley 3/2013, que crea el nuevo macrorregulador y que ya está en vigor, convierte además los dos consejos consultivos en uno, que será un órgano de "participación y consulta", frente a su perfil de asesoramiento anterior. La ley deja en el aire las entidades que tendrán derecho a participar en los mismos, por lo que está por ver si las comunidades autónomas tienen cabida.
En concreto, la disposición adicional octava de la nueva ley crea el nuevo Consejo Consultivo de Energía, frente a los dos consejos anteriores de electricidad e hidrocarburos, y lo convierte en un órgano del Ministerio de Industria, en las materias competencia de la Secretaría de Estado de Energía.
Si antes los consejos los presidía el presidente de la CNE, en la actualidad Alberto Lafuente, ahora el nuevo órgano estará presidido por el secretario de Estado de Energía, quien tendrá capacidad para decidir qué asuntos deben ser sometidos a consulta.
Además, los futuros reglamentos normativos de desarrollo de la ley espeficarán las funciones, la composición, la organización y las reglas de funcionamiento del nuevo consejo consultivo.
Esta consideración también difiere de lo establecido en la Ley 38/1998, en la que se creaban los actuales consejo consultivos y en la que se establecían, sin necesidad de normas de menor rango, las entidades con presencia en el consejo.
En concreto, la ley de 1998 obligaba a dar asiento al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a las comunidades autónomas, a las compañías del sector eléctrico, a los operadores del mercado y del sistema, a los consumidores y a otros agentes sociales y de defensa del medio ambiente.
Esta lista ha permitido que en el actual consejo participen desde los ecologistas de Greenpeace hasta las industrias de Aege, pasando por los cogeneradores de Acogen, los renovables de APPA, las eléctricas de Unesa, REE, los pequeños distribuidores de CIDE o el operador Omie.
FUNCIONES DE INDUSTRIA.
Otras de las funciones que asumirá Industria a partir de octubre serán las de inspeccionar aspectos como el cumplimiento de las condiciones técnicas de las instalaciones o la correcta utilización del carbón autóctono en las centrales eléctricas con derecho al cobro de la prima al consumo de carbón autóctono.
También se reservará la posibilidad de fijar "las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades energéticas".
Industria también tramitará las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica, e informará semestralmente a la CNMC acerca de las actuaciones realizadas, incluida la información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas.
También se encargará de realizar la liquidación de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se establezcan para el conjunto del sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada.
'ACCIÓN DE ORO'.
La nueva ley también acabará con la Función 14 de la CNE para vetar operaciones y trasladará a Industria la capacidad para condicionar la adquisición de activos estratégicos en el sector de la energía por parte de compradores extracomunitarios.
Esta potestad salvaguardará a los propietarios de las 8 refinerías del país, entre ellos Repsol, así como de los 4.000 kilómetros de oleoductos y 38 instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos en territorio nacional, buena parte de ellas en manos de CLH.
