El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para este viernes al presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo en la causa que investiga a exdirectivos de Novacaixagalicia que se otorgaron contratos con prejubilaciones millonarias.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para este viernes al presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo en la causa que investiga a exdirectivos de Novacaixagalicia que se otorgaron contratos con prejubilaciones millonarias.
Castellano se presenta ente el juez después de que hayan pasado a declarar esta misma semana, también como testigos, tres vocales del consejo de administración de la caja gallega que votaron en contra de las compensaciones investigadas en el momento de ser provisionadas.
José Luis Regueiro, representante de CC.OO., afirmó el pasado miércoles que él fue el único que votó en contra de las prejubilaciones millonarias en el consejo de administración del 1 de diciembre de 2010 y que lo hizo porque desconocía la documentación e incluso la cuantía de dichas compensaciones, que no se desveló hasta casi un año más tarde.
Al día siguiente, otro de los consejeros de Novacaixagalicia, José Luis Veiga Lage, representante por el Ayuntamiento de Pontevedra, dijo que se enteró de las prejubilaciones millonarias que percibieron los exdirectivos de la entidad cuando dejaron la entidad y la noticia apareció en los medios de comunicación. Él votó en contra de provisionar las indemnizaciones en agosto de 2011.
Este jueves ha sido el turno del representante de Csica, Miguel Argones, quien sostuvo que no vio necesario consultar la documentación relacionada con las prejubilaciones millonarias que cobraron algunos de los directivos de esta entidad antes de aprobar los contratos porque los documentos habían sido supervisados por el Banco de España y también por la Xunta. La de este testigo es la primera alusión al Ejecutivo gallego que se ha hecho durante el proceso.
LOS IMPUTADOS
Por su parte, los cinco imputados comparecieron ante el juez entre el 15 y el 22 de octubre. García de Paredes, a quien la Fiscalía Anticorrupción le reclama 5,36 millones de euros, aseguró que haber cobrado anticipadamente su indemnización ahorró al banco –su salida se produjo ya constituido Novagalicia Banco– 1,2 millones de euros de intereses.
Por su parte, tanto Óscar Rodríguez Estrada como Gregorio Gorriarán aludieron a que era el entonces director general, José Luis Pego, quien informaba al Banco de España sobre los contratos de los directivos. Precisamente, Pego afirmó en su declaración que el consejo de administración y el supervisor disponían de la documentación sobre su prejubilación, y que este último pidió su cuantificación y que se provisionase.
LAS CANTIDADES RECLAMADAS
Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España. Asimismo, exige 913.602 euros a Gregorio Gorriarán y 260.940 euros a Óscar Rodríguez Estrada.
En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
Por último, dos inspectores del Banco de España, citados también como testigos, admitieron que el regulador conocía los contratos de los directivos pero que la caja fue reticente a aportar copias de los mismos y las obtuvo cinco meses después de su aprobación.
LA QUERELLA
En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6 por ciento de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 –en el momento de la fusión– y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
