El Gobierno estima que los cambios en materia de sanciones a los empresarios que incumplan sus obligaciones de comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de las medidas de despido colectivo, suspensión de contratos o reducción de jornada –y, por ende, de cualquier modificación en las inscripciones como demandantes de empleo– conllevarán un ahorro a las arcas públicas de unos 300 millones de euros cada ejercicio.
Las sanciones por no informar de cambios laborales ahorrarán 300 millones al año
- Directivos y Empresas
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