El Gobierno estima que los cambios en materia de sanciones a los empresarios que incumplan sus obligaciones de comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de las medidas de despido colectivo, suspensión de contratos o reducción de jornada –y, por ende, de cualquier modificación en las inscripciones como demandantes de empleo– conllevarán un ahorro a las arcas públicas de unos 300 millones de euros cada ejercicio.
