La gestión de los riesgos relacionados con los derechos humanos y el medioambiente está adquiriendo un papel cada vez más relevante en la estrategia de las empresas por el impacto que tiene a nivel social, pero también por exigencias propias de la regulación. Y es que en Europa está aprobada desde 2024 la Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (conocida como CSDDD o Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Su aplicación será en julio de 2029, con lo que a partir de entonces se obligará a las organizaciones a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos de sus operaciones y cadenas de valor sobre los derechos humanos y el medioambiente.
Adaptarse no es sencillo y por ello la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (DIRSE), LEAD Sostenibilidad e ICEX han presentado una nueva herramienta práctica para ayudar a las empresas a trasladar estas obligaciones a su actividad diaria. Se trata del decimonoveno toolkit de la serie DIRSE, pensado tanto para las compañías que se ven afectadas por la Directiva como para otras que forman parte de las cadenas de actividad de las primeras.
Para todas ellas, resulta necesario evaluar los riesgos, determinar cuáles son prioritarios y establecer medidas proporcionales a la naturaleza y gravedad de los impactos identificados. Una vez aplicadas las directrices, se deben producir resultados concretos.
Este enfoque introduce una dimensión estratégica en la gestión de la sostenibilidad. La cuestión no consiste únicamente en disponer de políticas, procedimientos o documentación que acrediten la existencia de controles internos, sino en garantizar que las medidas adoptadas permitan actuar sobre los riesgos relevantes y producir resultados concretos.
Las claves del toolkit para adaptarse a la Directiva sobre Diligencia Debida
Entre los elementos que aborda la herramienta, figura el proceso de scoping, que permite delimitar el alcance del análisis y comprender los riesgos más relevantes para la organización. A partir de ahí, la priorización de impactos ayuda a orientar los recursos hacia aquellas situaciones que requieren una atención preferente. La evaluación de proveedores, los mecanismos de seguimiento y reclamación y la mejora continua completan el conjunto de herramientas propuestas.
La aplicación de estos procedimientos puede aportar beneficios que van más allá del cumplimiento normativo. Una gestión adecuada de la diligencia debida permite mejorar la trazabilidad de las cadenas de actividades, anticipar riesgos operativos y reputacionales y fortalecer las relaciones comerciales. También ayuda a responder a las expectativas de clientes, inversores y otros grupos de interés, cada vez más atentos a la manera en que las empresas gestionan sus impactos sociales y ambientales.
Una metodología organizada en tres bloques
La presentación del documento reunió a representantes de las tres entidades promotoras. Aitor Mate, director de Instrumentos de Promoción de Origen de ICEX, y Carlos Arango, director general de DIRSE, destacaron el valor de la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones especializadas para acercar herramientas prácticas al tejido empresarial y facilitar la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión de las compañías.
Fernando Varela, director de LEAD Sostenibilidad, explicó la orientación y estructura del toolkit, organizado en tres bloques. El primero aborda el marco contextual y estratégico de la Directiva; el segundo desarrolla los pasos operativos para implantarla en las organizaciones; y el tercero reúne casos prácticos que ilustran experiencias de aplicación.
La estructura pretende facilitar el paso desde la comprensión de las obligaciones hasta su incorporación a los procesos de trabajo. De este modo, las empresas pueden utilizar la guía como referencia para organizar las actuaciones necesarias, definir responsabilidades y establecer mecanismos que permitan realizar un seguimiento de los resultados.
Durante su intervención, Varela subrayó la necesidad de entender la diligencia debida como una responsabilidad transversal. “La CSDDD no es únicamente un asunto jurídico o de sostenibilidad, sino que trasciende a todas las áreas del negocio. El éxito de la diligencia debida no se mide por la cantidad de documentación que genera, sino por los impactos reales que consigue prevenir, mitigar y reparar en los derechos humanos y el medioambiente”, afirmó.
Los proveedores, una pieza clave de la diligencia debida
La aplicación práctica de estas obligaciones depende en gran medida de la capacidad de las empresas para comprender lo que sucede a lo largo de sus cadenas de actividades. Los riesgos no siempre se encuentran dentro de las propias instalaciones o bajo el control directo de una organización. En ocasiones, están vinculados a proveedores, procesos productivos o relaciones comerciales que requieren mecanismos específicos de evaluación y seguimiento.
Para explorar estas situaciones, la presentación incluyó una sesión práctica basada en la resolución de casos reales. Las personas participantes analizaron cómo debería actuar una compañía sujeta a la Directiva al detectar riesgos elevados en determinadas categorías de proveedores, utilizando las herramientas y dinámicas recogidas en la publicación.
El ejercicio permitió abordar una de las cuestiones centrales de la diligencia debida: cómo traducir la identificación de un riesgo en decisiones y actuaciones concretas. La evaluación debe servir para establecer prioridades, definir medidas y realizar un seguimiento que permita conocer la evolución de los impactos identificados.
El encuentro también acogió una mesa redonda moderada por David Muñoz, jefe del Departamento de Sostenibilidad de ICEX, en la que participaron Beatriz Rubio, jefa de Sostenibilidad Social de ILUNION; Pablo Adánez, Supply Chain Director de Zamora Company; y Ángela Sagastibelza, Corporate Sustainability Manager de Fluidra. La charla ofreció aprendizajes derivados de la implantación de sistemas de diligencia debida en distintas cadenas de valor. Entre los asuntos abordados destacaron la necesidad de mejorar el conocimiento de los riesgos, establecer relaciones de colaboración con los proveedores y promover alianzas sectoriales que permitan coordinar respuestas ante impactos que difícilmente pueden resolverse de manera aislada.
