La Izquierda Plural, CiU y ERC también piden devolver la Ley al Gobierno por vulnerar competencias
La Izquierda Plural, CiU y ERC también piden devolver la Ley al Gobierno por vulnerar competencias
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El PSOE ha registrado en el Congreso una enmienda de totalidad contra el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones por considerar que está "anticuado", que no garantiza la cohesión social y territorial y que deja desprotegidos a los usuarios, unos criterios que también comparten la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC, que en sus propias enmiendas critican que se vulneran competencias locales y autonómicas y se busca favorecer únicamente a los operadores.
La socialista María González Veracruz ha explicado en rueda de prensa en la Cámara Baja que el Ejecutivo ha desaprovechado la ocasión de presentar un proyecto "de futuro" y se ha limitado a redactar una propuesta "anticuada y desfasada", y que supone "una vuelta atrás".
"La economía digital tiene que ser una de las garantías de futuro, de generación de empelo y de mejora de la competitividad de la economía. Pero lo que propone el Gobierno es una vuelta atrás con unos objetivos completamente alejados de los que deberían perseguirse. Esta ley sólo generará caos en la planificación del despliegue de las redes ultrarrápidas por todo el territorio", cree la diputada.
De hecho, augura que con esta normativa se creará "una España a dos velocidades", al no contener normas para garantizar la financiación en la implantación de la alta velocidad en las zonas no rentables ni tampoco plazos; y critica que "no se garantiza de forma suficiente la neutralidad en la red sobre la libre circulación de contenidos" ni se respetan las competencias autonómicas y locales.
ACORDAR UNA ALTERNATIVA
Así, los socialistas lamentan que España perderá el ritmo de la UE en el desarrollo de la Agenda Digital y que se agrandará la brecha digital, generándose "más desigualdad y menos cohesión territorial o social" sobre todo en los territorios donde no será rentable el despliegue de infraestructuras, dejando a la vez "desprotegidos" a los usuarios de las telecomunicaciones.
"Con esta ley no se cumplirán los objetivos de la Agenda Digital Europea de que el 50% de los ciudadanos tengan acceso a una red de 30 megas en 2020, y se dejará el desarrollo de las redes exclusivamente en manos del libre mercado, no garantizándose desde lo público como debería hacerse", ha criticado González Veracruz.
En su enmienda, que recoge Europa Press, el principal partido de la oposición también lamenta que no se aprovechen las sinergias con Europa para el desarrollo de las redes, y que con ello se pierda la ocasión de "mejorar la competitividad de las empresas, haciéndolas más innovadoras y mejorando la calidad del empleo al apostar por el valor del conocimiento".
En el mismo sentido, el PSOE cree que el proyecto "tampoco busca soluciones para minimizar impactos y compartir instalaciones, buscando acuerdos entre operadores que, además de necesarios, abaratarían costes" sino que se "entrará en un caos en el despliegue que dificultará el despliegue (de redes) sin que el interés general o el respeto a los ciudadanos queden suficientemente garantizados".
Por eso, cree necesario buscar una alternativa, que los socialistas plantearán "con actitud constructiva" en el trámite de enmiendas parciales con la vista puesta en lograr "un gran acuerdo" como el que se había conseguido en los últimos años. Finalmente, la diputada ha criticado al ministro de Industria, José Manuel Soria, que "parece que quiere pasar a la Historia no por lo que pueda aportar de positivo y construir para el país, sino por estar alcanzando un gran consenso de todos contra sus políticas erróneas para el país".
DESREGULACIÓN A FAVOR DEL SECTOR PRIVADO
La enmienda de la Izquierda Plural, por su parte, justifica el rechazo al proyecto en que se potencia una "desregulación en beneficio de la capacidad de la iniciativa privada" con el "único objetivo de beneficiar la actividad de los grandes grupos privados de telecomunicaciones" e incluso perjudicando a los pequeños operadores.
Además, IU-ICV-CHA critica que "so pretexto de simplificar y agilizar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones" se dejan "vacías de contenido" competencias autonómicas y locales, lo que dejará "indefensos" a los ciudadanos en ámbitos como el de la salud o la protección del medio ambiente; y que "se abandonen los más elementales principios de precaución y prudencia".
La coalición critica asimismo la falta de plazos en el proyecto, el abandono por parte de los poderes públicos de su función en el mercado de las telecomunicaciones y el "traslado a los operadores de la labor inspectora que corresponde a la Administración".
PROYECTO POCO AMBICIOSO
Los nacionalistas de CiU, por su parte, también creen que este proyecto de ley es "poco ambicioso" pese a afectar a un sector fundamental para economía, ya que "limita su contenido a las telecomunicacionessin alcanzar a regular la globalidad de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas". "Se pierde la oportunidad de hacer una ley que responda a los objetivos de crecimiento y de competitividad que requiere la economía y acorde con las políticas públicas de la UE", alegan.
De hecho, la formación cree que si el Gobierno mantiene el concepto limitado de telecomunicaciones en esta ley es "más por razones oportunistas, orientadas a justificar la recentralización de competencias, que a razones regulatorias de futuro". En este sentido, critica la "ordenación burocratizadora y recentralizadora" que propone el Ejecutivo y advierte de que se generará un "marco de inseguridad jurídica e incertidumbre" con la invasión competencial.
"El proyecto no prevé los instrumentos necesarios para que las comunicaciones electrónicas contribuyan a dinamizar la economía para que sea avanzada, innovadora y competitiva", añade CiU, que exige que se "garantice más competencia en el sector" de lo que prevé la ley y que se potencie la colaboración público-privada en lugar de "dificultar" la participación de la Administración en este sector.
Finalmente, ERC critica que se dé una "prioridad absoluta" a los operadores para desplegar sus redes por encima de "cualquier otra consideración" y rechaza las "limitaciones y control que el Gobierno ejerce sobre las competencias" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene encomendada la regulación del sector de las telecomunicaciones y, por tanto, debería gozar de independencia.
Asimismo, los independentistas catalanes rechazan la invasión competencial y también la potestad de las administraciones territoriales (garantizada por el derecho comunitario) de imponer condiciones a la ocupación de dominio público por parte de operadores privados para proteger el medio ambiente, la salud pública o la ordenación urbana y territorial.
"Es conveniente facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, pero el interés general no puede reducirse al interés inmediato de las operadoras, sino que debe tener también en cuenta los intereses privados y ciudadanos de los afectados por estos despliegues, y de las administraciones públicas. Sin embargo, este proyecto establece una normativa del todo sesgada a favor de los derechos de los operadores", critica Esquerra.
Está previsto que las cuatro enmiendas de totalidad sean debatidas por el Pleno del Congreso en su sesión del jueves 21 de noviembre, mientras que los grupos parlamentarios cuentan de plazo hasta el martes 19 de noviembre para presentar enmiendas parciales al proyecto.
