Afectados por hipotecas se concentran para exigir al poder judicial asistencia letrada obligatoria

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha organizado este viernes una concentración en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid para exigir al poder judicial que la asistencia letrada sea obligatoria en los procesos de ejecución hipotecaria, según ha explicado el abogado y miembro de la plataforma Javier Rubio.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha organizado este viernes una concentración en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid para exigir al poder judicial que la asistencia letrada sea obligatoria en los procesos de ejecución hipotecaria, según ha explicado el abogado y miembro de la plataforma Javier Rubio.

"Es un reclamo al CGPJ para que se suspendan las ejecuciones hipotecarias en tanto en cuanto no tenga asignado un abogado cada persona que está amenazada de desahucio", ha indicado Rubio, en declaraciones a Europa Press desde los juzgados, en donde hay más de un centenar de personas concentradas.

A su juicio, la defensa letrada en los procesos de ejecución hipotecaria ha de ser obligatoria como lo es cuando "una persona es acusada de un delito y puede entrar en la cárcel". "Después de la prisión, –la ejecución hipotecaria– es la mayor agresión que puede sufrir una persona por parte del sistema legal en España", ha aseverado.

El miembro de la PAH de Madrid también ha denunciado que en la capital se están tramitando "entre un 70 y un 80 por ciento" de las ejecuciones hipotecarias sin asistencia letrada. En esta línea, ha recalcado que, aparte la deuda que se pueda generar porque el piso "no satisface el total de la deuda", la ejecución hipotecaria "por sí misma" genera una otros costes adicionales que si no se tiene asistencia letrada es "imposible" impugnar.

Como ejemplos, Rubio ha citado "los intereses de demora abusivos, que no se pueden denunciar sin asistencia y se consolidan, suponiendo entre 20 y 40.000 euros más"; así como "las costas excesivas que endosan abogados y procuradores de las entidades financieras, que van desde 15.000 hasta 25.000 o 30.000 euros y que, si no se tienen abogados, se consolidan".

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