El futuro de los centros especiales de empleo (CEE) pasa por una cuestión que, antes incluso de hablar de tecnología, financiación o nuevos modelos de gestión, afecta a las reglas del juego. disponer de seguridad jurídica.
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) pone el foco en la regulación para tratar los retos de estos espacios dedicados a la inclusión laboral. Este ha sido uno de los temas centrales de su XXI Congreso Nacional organizado conjuntamente con ACEEM (Asociación de Centros Especiales de Empleo de Madrid).
Los cambios legislativos y la evolución del marco regulatorio se han convertido en una de las principales preocupaciones de un sector cuya actividad está estrechamente vinculada a su capacidad para generar y mantener oportunidades laborales para las personas con discapacidad.
Se reclama una mayor certidumbre regulatoria en los centros especiales de empleo
Por ello, el sector reclama certidumbre y convertir este desafío regulatorio en nuevas oportunidades, tal y como ha reclamado el presidente de CONACEE, Albert Campabadal Blanco, ante representantes del sector, administraciones y grupos políticos presentes en el congreso.
En debates organizados en este encuentro la Confederación trasladó su preocupación a representantes de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Vox. A ellos se les trasladó que los centros especiales de empleo en España pertenecientes a CONACEE representan más de dos tercios del sector y han quedado fuera del reconocimiento específico de los centros especiales de empleo como entidades de la economía social contemplado en la nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social.
La organización reclamó al Ministerio de Trabajo que mantenga abierto el diálogo con el sector y que las decisiones legislativas tengan en cuenta la diversidad existente dentro del modelo.
La postura de los partidos políticos
Las posiciones expresadas por los grupos políticos reflejaron distintos enfoques. Por un lado, Isabel Prieto, del Partido Popular, defendió la convivencia entre CEE de iniciativa social y de iniciativa empresarial y reclamó una regulación alineada con el marco europeo. Juan José Aizcorbe, de Vox, puso el acento en la capacidad de los centros para generar empleo con independencia de su tipología. Por parte del Grupo Socialista, Olvido de la Rosa destacó el incremento de la financiación estatal registrado en los últimos años, aunque también se reconocieron diferencias territoriales que continúan pendientes de corregir.
CONACEE valoró positivamente la participación de las diferentes formaciones políticas y defendió que las políticas públicas relacionadas con estos centros deben construirse conjuntamente entre las administraciones y las organizaciones que conocen directamente la realidad del sector.
“La voz de CONACEE debe estar presente en todos los espacios donde se decida el futuro del sector”, sostuvo Campabadal Blanco.
Absentismo y salud mental, una preocupación creciente
El debate regulatorio estuvo acompañado de otra cuestión con consecuencias directas sobre la actividad de los centros: el absentismo laboral. La capacidad para mantener los puestos de trabajo y continuar generando oportunidades para las personas con discapacidad está condicionada también por la gestión de las ausencias y por los procesos de reincorporación tras periodos prolongados de baja.
Durante el Congreso se plantearon diferentes vías de actuación. Entre ellas figuraron el refuerzo de los recursos médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, una mayor disponibilidad de especialistas en salud mental, la agilización de los procedimientos administrativos y el impulso de acuerdos dentro de la negociación colectiva.
También se puso sobre la mesa la necesidad de reforzar el papel de las mutuas y de las unidades de apoyo a la actividad profesional, así como de facilitar el regreso al puesto de trabajo después de bajas prolongadas. El objetivo común es abordar el absentismo desde una perspectiva que tenga en cuenta tanto las necesidades de las personas como la sostenibilidad de las organizaciones.
La irrupción de la inteligencia artificial añade otra dimensión al futuro de los CEE. La tecnología puede modificar procesos, productividad y organización del trabajo, pero en este ámbito la cuestión va más allá de cuánto puede automatizarse.
Juan José Laguna, presidente de ACEEM, resumió esta perspectiva con una pregunta: “La pregunta no es cuánto podremos producir con [la IA], sino a cuánta gente podemos incorporar al mercado laboral, a cuántas personas podemos acompañar”.
El desafío consiste ahora en trasladar el conocimiento tecnológico a aplicaciones concretas. Los centros parten de niveles diferentes de implantación y madurez digital, por lo que la incorporación de la IA no puede plantearse como un proceso uniforme. Para Campabadal Blanco, el reto inmediato es precisamente convertir el conocimiento adquirido en soluciones aplicables a la realidad de cada organización.
Madrid pone cifras al empleo de personas con discapacidad
La Comunidad de Madrid, anfitriona del Congreso, aportó durante la clausura datos sobre la evolución del empleo de las personas con discapacidad en la región. Macamen Tejera, viceconsejera de Economía y Empleo, señaló que en 2025 se formalizaron 13.901 contratos a personas con discapacidad, de los que el 77,6% se realizaron en centros especiales de empleo.
Además, este año se concederán más de 90 millones de euros en ayudas destinadas a que las empresas puedan hacer frente a los costes salariales de más de 22.000 personas con discapacidad en 241 CEE.
Las cifras sitúan en primer plano la dimensión económica y social del modelo y explican por qué la evolución normativa, la financiación y la capacidad de adaptación tecnológica están estrechamente relacionadas con su futuro.