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La Xunta confirma que Novacaixagalicia pidió nuevas ayudas al FROB el pasado viernes

Insiste en que no está cerrada ninguna vía y avanza que una comisión estudia la vía del recurso si el decreto vulnera el Estatuto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha confirmado que Novacaixagalicia pidió el pasado viernes, tras aprobarse el decreto ley de reforzamiento del sistema financiero, ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya vigente y del que ya recibió, para la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, 1.162 millones de euros.

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión de dos horas con representantes de las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Galicia –PPdeG, PSdeG y BNG–, Fernández Currás ha indicado que la petición se hizo, aunque desconoce por qué cuantía. En cualquier caso, las ayudas recibidas de este fondo no pueden superar el 3% de los activos ponderados por riesgo de la caja –en el momento de pedir los 1.162 millones ya recibidos el tope era del 2%–, una cifra que se detallará con la publicación de los resultados de la entidad referidos a 2010.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya había confirmado horas antes en Madrid que el viernes pasado, una vez que se tuvo conocimiento de la vía abierta por el Gobierno para las cajas catalanas, la entidad gallega solicitó más ayudas públicas, una alternativa que definió como «FROB en formalización», que permitiría que Novacaixagalicia «tenga más core capital» a través de esta vía técnica.

Por consiguiente, Feijóo demandó que «eso que aparece en el decreto a última hora» para aplicar a «cajas catalanas», se extienda a la entidad gallega, aunque reconoció que «una interpretación literal» del decreto dejaría fuera de esta vía a Novacaixagalicia –el Ministerio de Economía asegura que el régimen transitorio está destinado a las cajas que no superaron los test de estrés el pasado mes de junio y que negocian con el FROB nuevas ayudas–. No obstante, el presidente gallego alertó de que ello conllevaría una «discriminación» y subrayó que el PP «está valorando muy en serio su posición».

En concreto, la vía utilizada para formalizar la petición de nuevas ayudas públicas se basa en la disposición transitoria cuarta, que prevé un régimen transitorio para la recapitalización de las entidades, en virtud del cual, las cajas que antes de la entrada en vigor del decreto hayan comenzado la negociación con el FROB, podrían evitar la nacionalización. Además, estas ayudas formarían parte del capital básico, lo que las ayudaría a cumplir nuevos requisitos.

ESTUDIAR UN RECURSO

Tras el encuentro con Fernández Currás, que los grupos de la oposición han coincidido en calificar de «decepcionante» por consistir en un «repaso» del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, la conselleira de Facenda ha informado, al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Gobierno gallego recurra la norma, de que ha sido convocada este lunes –primer día hábil tras la publicación de la norma estatal– la comisión de seguimiento de normas aprobadas por el Estado y por otras comunidades.

Se trata de un grupo de trabajo constituido en 2009 por el Gobierno gallego con el fin de detectar posibles colisiones de otras normas con las propias de la comunidad, que ahora estudia si el decreto invade o vulnera alguno de los principios del Estatuto de Autonomía de Galicia.

La titular de Facenda ha convocado a los grupos a una nueva reunión a inicios del mes de marzo, una vez hayan sido publicados los resultados de 2010 de la caja y se haya distribuido la circular anunciada por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para concretar algunos puntos del decreto.

Entre ellos, la conselleira se ha referido a que «las condiciones para estar en un tramo o en otro» –en general se pide el 8% de capital principal, pero se exige el 10% para las entidades que no tengan una quinta parte de su capital procedente de financiación privada o superen el 20% de financiación mayorista– «están aún por definir» y se concretarán en esa circular.

DIVERSAS ALTERNATIVAS

Entretanto, ha afirmado, el Gobierno gallego seguirá en contacto diario con Novacaixagalicia, para la que no se ha cerrado «ninguna» de las alternativas, desde seguir como caja, hasta constituir un banco controlado por una fundación, un SIP, la asociación con alguna otra entidad financiera, bien caja bien banco, a través de una fusión o la entrada como accionista del FROB.

Fernández Currás ha indicado que, desde que se avanzó la nueva norma, han sido «más de cien» los contactos con las partes implicadas y ha reprochado que, pese a que la Xunta pidió una entrevista con la ministra de Economía, Elena Salgado, ésta no la concedió. En cualquier caso, ha apuntado que Novacaixagalicia hizo saneamientos «notables» sacrificando el patrimonio neto y que los requerimientos de solvencia que recogen el core capital, el Tier 1 y el Tier 2 «a fecha de hoy, hasta la convalidación del decreto ley, eran del 8%».

INDEFINICIÓN DE LA XUNTA

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha lamentado que «no hay ninguna variable cerrada» ni por parte de Facenda ni de la caja gallega y que desconocen «si la institución se va a poder quedar como caja o va a tener que explorar otras vías de supervivencia». Eso deja a Galicia en «posición de indefinición».

Los socialistas, ha defendido, creen que la entidad gallega debe aprovechar los «márgenes de ajuste» que quedan dentro del decreto, aunque ciñéndose al mismo, y ha afirmado que respaldarán las iniciativas para tener una caja «solvente y capaz de financiarse con facilidad para trasladar los créditos a familias y empresas y que mantenga la mayor vinculación posible con el tejido económico y social de Galicia». El PSOE, ha dicho, apuesta por mantener la caja.

El portavoz de los nacionalistas en la Cámara gallega, Carlos Aymerich, ha coincidido con Losada en que en la Xunta existe una «indefinición absoluta». «Hay una falta de decisión y una desorientación absoluta acerca de lo que hay que hacer», ha criticado y ha reclamado al Gobierno autonómico que impugne el decreto, «ya que no fue posible negociarlo antes, como sí negociaron otros», ha agregado, en alusión a Cataluña.

EL BNG, CONTRA EL DECRETO

«El Gobierno gallego no puede dar por bueno el marco que el decreto diseña», ha reclamado y ha insistido en que el Bloque votará en contra de la convalidación de la norma en el Congreso. En este punto, ha censurado que el PP no haya aclarado su postura.

El representante de los populares, Manuel Ruiz Rivas, ha denunciado que, desde que el Gobierno avanzó los nuevos requisitos, «todo fueron incoherencias y cambios de rumbo». «El Gobierno gallego intentó mejorar el decreto, con nula sensibilidad por parte del Gobierno de España», ha reprochado y ha reconocido, por contra, las intensas relaciones con la CECA y con Novacaixagalicia.

Ruiz Rivas ha afirmado que el decreto «parece que nació para intentar hundir el sistema tradicional de cajas de ahorro», pero ha destacado que «todavía quedan incertidumbres que tienen que ser aclaradas por circular». «Seguimos apostando por una entidad apegada a nuestro territorio, a los gallegos, y si hay posibilidades seguiremos intentando trabajar por la solvencia de las cajas», ha zanjado.

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