Una de las muchas derivadas del envejecimiento de la población estará en la obligación de España en transformar su sistema de cuidados durante las próximas décadas. El aumento de la esperanza de vida, el crecimiento de las necesidades de atención y la escasez de profesionales plantean un desafío que va más allá de la financiación, ya que será necesario reorganizar los servicios para garantizar que las personas mayores puedan tener calidad de vida. No solo eso, sino también conservar su autonomía, decidir dónde quieren vivir y recibir apoyos adecuados con independencia de su lugar de residencia. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, el país necesitará entre 261.400 y 639.400 trabajadores adicionales en cuidados de larga duración hasta 2030.
La dimensión del reto se aprecia también en las previsiones demográficas. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2050 las personas de 65 años o más representarán el 30,8% de la población española, unos 14,6 millones de personas, frente a los 9,3 millones registrados en 2020. En este contexto, la entrada en vigor el pasado 23 de octubre de la Ley 4/2026, que reforma la Ley de Dependencia de 2006, ha vuelto a situar en el centro del debate la capacidad del sistema para responder a una sociedad cada vez más longeva.
Fundación Mapfre ha abordado estos desafíos en la jornada ‘Longevidad y dependencia: retos demográficos, políticas públicas y buenas prácticas europeas’, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, expertos, profesionales y entidades sociales para analizar el nuevo marco normativo y conocer experiencias internacionales que puedan contribuir a mejorar la atención, especialmente en el medio rural.
Durante la inauguración, el vicepresidente de Fundación Mapfre, José Manuel Inchausti, defendió que el objetivo no debe limitarse a atender las situaciones de dependencia, sino a garantizar que las personas puedan mantener sus proyectos vitales. “Vivimos más años, pero tenemos que conseguir que esos años adicionales sean también años de autonomía, dignidad, participación y calidad de vida”, afirmó. A su juicio, el sistema debe permitir que cada persona decida cómo quiere vivir, dónde recibir los apoyos y qué grado de autonomía desea conservar.
La directora general del IMSERSO, María Teresa Sancho Castiello, puso el acento en el cambio de orientación que introduce la reforma legislativa, al situar los deseos y las preferencias de las personas en el centro de la atención. Entre ellos, destacó la voluntad de permanecer en el propio entorno. Sin embargo, advirtió de que el avance normativo debe acompañarse de una transformación social más amplia: “No podemos seguir dejando la respuesta únicamente en manos de las familias. Necesitamos un sistema sólido de protección social que garantice el bienestar de las personas que necesitan cuidados y de su entorno familiar”.
La dimensión europea del problema confirma que no se trata de un desafío exclusivo de España. Alexandre Colomba, responsable de programas FSE+ para España y Malta de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, recordó que más de 31 millones de europeos necesitaban cuidados de larga duración en 2022. Las previsiones apuntan a que esa cifra alcanzará los 37,8 millones en 2050. Para responder a esta evolución, reclamó un nuevo impulso a la Estrategia Europea de Cuidados y al Pacto Europeo por los Cuidados, con especial atención a las condiciones laborales y a la capacidad del sector para atraer talento.
Financiación, profesionales cuidadores de mayores y prevención: los pilares del cambio
La sostenibilidad económica del sistema fue uno de los asuntos centrales de la mesa redonda ‘El sistema de cuidados ante 2050. Retos del envejecimiento’, en la que participaron Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre; Francisco José Tarazona Santabalina, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y Lourdes Rivera García, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), con la moderación de María de León.
El incremento de las necesidades de apoyo obligará a revisar cómo se financian los cuidados, cómo se distribuyen las responsabilidades entre administraciones y qué instrumentos pueden ayudar a las personas y sus familias a anticipar los costes. Fernández Palacios subrayó que la planificación de la longevidad debe comenzar mucho antes de que aparezca una situación de dependencia. “El reto no será únicamente demográfico, sino también económico y organizativo”, señaló. Para afrontarlo, consideró necesarios incentivos adecuados y una mayor coordinación institucional que permita reducir las desigualdades territoriales.
La disponibilidad de trabajadores constituye otro de los grandes obstáculos, sobre todo en las zonas rurales, donde la dispersión geográfica y la menor oferta de servicios dificultan la atención. Lourdes Rivera defendió que la aplicación efectiva de la nueva ley exige financiación estable, seguridad jurídica para los prestadores y colaboración público-privada. Su advertencia fue contundente: “Si no hay profesionales, no hay cuidados”. Los derechos, añadió, deben ser iguales con independencia del lugar en el que viva cada persona.
La respuesta también pasa por anticiparse a las situaciones de dependencia. La detección temprana de la fragilidad, el refuerzo de la atención primaria, los cuidados intermedios y la atención domiciliaria y comunitaria pueden contribuir a preservar la autonomía durante más tiempo. Para Francisco José Tarazona, el sistema no debería intervenir únicamente cuando las necesidades de apoyo ya son intensas. “Necesitamos una atención anticipada y continuada que conecte el domicilio, los servicios comunitarios y los recursos sanitarios y residenciales”, explicó, destacando el papel de la atención primaria.
¿Estamos preparados para cuidar de una sociedad que vive cada vez más años? En nuestra jornada ‘Longevidad y dependencia: retos demográficos, políticas públicas y buenas prácticas europeas’, conducida por @marialeonstyle, apostamos por modelos de atención más humanos e inclusivos https://t.co/wFEsPTIn0Q
— Fundación Mapfre (@fmapfre) November 4, 2026
Modelos europeos en el cuidado de la dependencia
La jornada también permitió conocer iniciativas internacionales que buscan acercar los cuidados a las personas y reforzar su permanencia en el entorno habitual. En la mesa ‘Tercer sector, cuidados y dependencia. Europa como laboratorio de soluciones’ participaron Jos de Blok, fundador y CEO de Buurtzorg, en Países Bajos; Mónica Hillery, vicepresidenta del Consejo Particular de St. Vincent de Paul, en Irlanda, y María Jesús Cordero, responsable de proyectos de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER).
El modelo neerlandés de Buurtzorg se basa en equipos locales de enfermería con capacidad para organizar su trabajo y adaptar la atención a las necesidades de cada usuario. La proximidad y la autonomía de los profesionales permiten ofrecer cuidados personalizados, reforzar la independencia de las personas atendidas y mejorar la satisfacción tanto de pacientes como de trabajadores. Su implantación en más de veinte países lo convierte en una experiencia de referencia para la atención domiciliaria y los cuidados de larga duración.
La experiencia irlandesa, por su parte, mostró la importancia de las organizaciones comunitarias para detectar situaciones de vulnerabilidad, combatir la soledad no deseada y acompañar a las personas mayores. Las redes locales, el voluntariado y la colaboración con las administraciones pueden facilitar que permanezcan en sus hogares y comunidades durante más tiempo.
Estas fórmulas adquieren especial relevancia en el medio rural español, donde las distancias, la despoblación y la falta de profesionales pueden limitar el acceso a los servicios. Desde COCEDER, María Jesús Cordero defendió la creación de ecosistemas locales que integren a la comunidad, los trabajadores y una financiación pública suficiente. “El valor diferencial del tercer sector no es sustituir a los servicios públicos, sino fortalecer el capital social, detectar situaciones de vulnerabilidad y acompañar a las personas en sus propios proyectos de vida”, afirmó.
El encuentro incluyó asimismo la lectura de un manifiesto en favor del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), suscrito por entidades como Cruz Roja, Cáritas, ONCE, Fundación Secretariado Gitano, Fundación La Caixa y Fundación Mapfre. El documento reclama que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, correspondiente al periodo 2028-2034, preserve este instrumento como vía específica de financiación de políticas de empleo, formación, inclusión social y lucha contra la pobreza.