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La Seguridad Social pagará 120.000 euros por un informe sobre posibles reformas en el sistema de pensiones

noviembre 06
18:30 2014

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Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Llamazares teme que el Gobierno tenga “en cartera” un “nuevo recorte o privatización” del sistema público de pensiones

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Seguridad Social pagará unos 120.000 euros a una empresa asesora por realizar un informe relativo a posibles reformas que se puedan acometer en el sistema público de pensiones, particularmente referidas a las estrategias que diferentes países aplican para elevar la edad efectiva de jubilación e incentivar el envejecimiento activo.

El contrato de licitación, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la sede electrónica de la Seguridad Social el pasado 2 de septiembre y que recoge Europa Press, tiene como objeto contratar a una empresa asesora para que recopile datos en relación con diferentes experiencias y reformas internacionales en la materia.

A cambio, el Estado abonará un máximo de 99.173 euros (más 20.826 euros de IVA) a pagar de una sola vez en el año 2015. Para entregar su informe, la adjudicataria contará con un plazo de cuatro meses improrrogables a partir del próximo 15 de diciembre o de la fecha de formalización del contrato.

SUBVENCIONADO POR LA UE

Según explica el Ministerio de Empleo al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares en una respuesta parlamentaria, que recoge Europa Press, este contrato será subvencionado por la UE en el marco del programa PROGRESS, que se centra en apoyo el desarrollo y la coordinación de las políticas de los estados miembros en los ámbitos del empleo, la protección social, las condiciones de trabajo o la no discriminación y la igualdad de género en el entorno laboral.

Así, el objetivo del 'Estudio sobre las reformas de pensiones internacionales prestando especial atención a la edad de retiro. Lecciones potenciales para España' es “analizar experiencias en materia de jubilación, envejecimiento activo y emprendimiento de mayores, incluyendo diferentes incentivos para prolongar la vida activa, las jubilaciones en casos especiales y las buenas prácticas aplicables a las personas discapacitadas, entre otros”.

En concreto, las condiciones del contrato señalan que la adjudicataria tendrá que recopilar datos relativos, entre otros temas, a las edades (legales y obligatorias), requisitos, prestaciones y fiscalidad de la jubilación y la jubilación anticipada, así como a la relación entre la expectativa de vida, la edad de retiro y la pensión.

También deberá analizar cómo otros países y organismos internacionales han ajustado el cálculo de las prestaciones y del periodo de cotización mínimo necesario a la cuantía de la pensión, con las particularidades también de la jubilación parcial o a tiempo parcial, los historiales de cotización mínimos, los incentivos para prolongar la vida laboral, las reducciones de las edades por diferentes causas, la relación entre paro y jubilación, los periodos transitorios y otros aspectos que afecten a la sostenibilidad del sistema o que tengan incidencia en función del género.

Este trabajo deberá realizarse en un plazo de un mes y deberá abarcar como mínimo a Alemania, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal y Suecia.

SELECCIÓN POR PARTE DEL INSS

De hecho, Llamazares se pregunta por qué es necesario contratar a una empresa privada cuando los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) podrían llevarlo a cabo, a lo que el Gobierno responde que los funcionarios no son expertos en la normativa interna de Seguridad Social de cada país.

“Por eso, dedicar una parte del personal primero a formarse en esa legislación para realizar un trabajo concreto de carácter puntual y ocasional y, después, a realizar dicho trabajo significaría una pérdida temporal de recursos humanos que el INSS no puede asumir”, añade el Ministerio.

No obstante, también matiza que la adjudicataria del contrato realizará únicamente “labores de documentación y análisis de la información recopilada”, pero que luego será el personal de la Seguridad Social el que “elaborará un informe en el que se lleve a cabo el análisis de la situación de los sistemas de los diferentes estados y en el que se enumeren las conclusiones que deban ser tenidas en consideración para, en su caso, acometer futuras actuaciones”.

De hecho, el propio pliego de condiciones prevé una segunda fase de un mes de duración para realizar un 'Estudio detallado de líneas relevantes de investigación seleccionadas por el INSS'. En concreto, la empresa adjudicataria deberá analizar las experiencias de regulación y sus efectos prácticos, así como las políticas de apoyo al aumento de la edad de jubilación y sus consecuencias sobre el mercado de trabajo, que hayan sido seleccionadas por los funcionarios.

En base a este estudio detallado, el INSS y la empresa diseñarán posibles escenarios de futuro y evaluarán el impacto de las líneas potenciales de actuación, los efectos sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la adecuación de las pensiones a las necesidades de la población.

OTRO RECORTE A LA VISTA

Con estas premisas, Llamazares teme que “una nueva reforma de las pensiones de jubilación esté sobre la mesa del Gobierno” o al menos lo vaya a estar “en breve”, cuando se entreguen los informes. Por eso, pregunta al Ejecutivo “qué nuevo recorte o privatización tiene en cartera” en relación con las pensiones, después de haber aprobado por decreto en marzo de 2013 un “endurecimiento” de los requisitos y una rebaja de las cuantías de las pensiones anticipadas y de haber desvinculado la revalorización de las pensiones del IPC.

En su respuesta, el Ejecutivo no confirma ni desmiente su posible intención de volver a retocar el sistema de pensiones, aunque sí asegura que la participación en el programa PROGRESS, que financiará el estudio, “responde exclusivamente al interés y atención permanente que viene prestando este organismo a todas aquellas iniciativas que redundan en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, espíritu que recoge el Libro Blanco de Pensiones”.

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