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La reforma de la gestión del agua permitiría invertir 15.700 millones hasta 2021, según Acciona

julio 23
13:52 2014

La reforma del modelo de gestión del agua en España supondrá un aumento de las inversiones por un importe total de 15.700 millones de euros hasta el horizonte de 2021, según indica un informe de PwC realizado por encargo de Acciona.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La reforma del modelo de gestión del agua en España supondrá un aumento de las inversiones por un importe total de 15.700 millones de euros hasta el horizonte de 2021, según indica un informe de PwC realizado por encargo de Acciona.

A su vez, este volumen inversor se traduciría en un impacto agregado de 12.600 millones de euros en el PIB y permitiría generar hasta 23.700 nuevos empleos.

El informe, titulado «La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros», apunta asimismo que reformar la gestión del agua en España permitiría alcanzar los objetivos macroeconómicos fijados y eliminar «ineficiencias derivadas del derroche» por un valor de 2.500 millones de euros.

Además, supondría un ahorro adicional de 13.300 millones de euros en el coste de suministro por la mejora de la eficiencia en la red y la reducción de las pérdidas de agua.

Según el documento, la nueva gestión propiciaría de igual forma el ahorro de dos millones de toneladas de CO2 hasta 2021.

DÉFICIT DE INVERSIONES.

En cuanto a los principales los problemas del sector, el estudio señala a la escasez del agua, al un déficit de inversiones en relación con la media de la Unión Europea, a las deficiencias en el marco regulatorio actual y a la falta de unidad de mercado.

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Por ello, el informe apuesta por un nuevo marco regulatorio estable, que «atraería inversión de operadores especializados, dinamizando la economía y generando empleo» y fomentaría la internacionalización de las empresas españolas en un sector «en el que ya cuentan con sólidas credenciales».

En paralelo, se garantizaría el cumplimiento con la legislación comunitaria en materia de agua (sobre todo en saneamiento e inversión) para evitar «posibles sanciones».

El estudio precisa que las inversiones en materia de agua suponen un 0,11% sobre el PIB, lo sitúa a España en el duodécimo puesto de la Unión Europea y por debajo de la media del 0,27%.

Asimismo, señala que el elevado número de administraciones públicas con competencias en la materia y la ausencia de un marco regulatorio lo suficientemente estable y predecible contribuyen a la ineficiencia del modelo.

Según el informe de la consultora es «conveniente» crear un nuevo marco legislativo y regulatorio que aporte «estabilidad y predictibilidad» al sector y contribuya tanto a atraer inversiones como a facilitar que el consumo de agua sea «económicamente eficiente y medioambientalmente sostenible a largo plazo».

MÉTODO PARA CALCULAR TARIFAS.

Entre las medidas, propone implantar un método nacional de gestión de cumplimiento obligado para calcular las tarifas del agua urbana, vincular los incentivos económicos a la aplicación de la metodología para los municipios, definir detalladamente las competencias municipales en agua para evitar duplicidades y propiciar la consecución de economías de escala.

Por otro lado, el informe propone incrementar las competencias de las comisiones de precios u organismos similares autonómicos para supervisar la correcta aplicación de la metodología estatal, introducir la separación jurídica, contable y funcional de aquellas sociedades o administraciones relacionadas con la gestión de infraestructuras de agua, y que una institución o ente asuma una serie de competencias con el objetivo de garantizar un marco regulatorio estable y predecible.

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RECURSO BÁSICO Y ESCASO.

El estudio insiste en que la escasez de agua creciente está forzando a un cambio en la concepción que había del recurso así como de los modelos para gestionarlo. En la actualidad, «el nuevo paradigma concibe el agua como un recurso básico para la vida humana, que ha de ser gestionado como un bien económico escaso de creciente valor».

Este cambio de paradigma propicia la adaptación de los marcos regulatorios, que se actualizan para dar respuesta a los nuevos retos del sector. Igualmente, ha traído consigo la aparición de nuevos modelos de colaboración pública-privada en la gestión del agua. Las razones que explican el desarrollo de este tipo de colaboraciones son varias.

Para la consultora, el modelo público-privado hace más fácil financiar proyectos y reduce el nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas. En segundo lugar, que dado el perfil técnico y especialista de los agentes privados dedicados a la gestión del agua, «su participación contribuye a mejorar la eficiencia en la operación».

Finalmente, defiende que estos modelos, bajo la regulación y supervisión adecuada, «son capaces de garantizar que el recurso sea accesible a los consumidores y que, además, su explotación siga los criterios de sostenibilidad económica y eficiencia operativa».

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