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Beteta cifra en 6.315 millones de euros al año el ahorro de las medidas de recorte para la función pública

julio 23
13:52 2014

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado en 6.315 millones de euros el ahorro que permitirán las medidas de recorte para la función pública anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado en 6.315 millones de euros el ahorro que permitirán las medidas de recorte para la función pública anunciadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Beteta ha presidido las Mesas Generales de Negociación para tratar con los representantes sindicales y los representantes de la Comunidades Autónomas los cambios normativos relativos al empleo público, una reunión a la que finalmente no han acudido los sindicatos como medida de protesta por los recortes.

Sobre este punto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha lamentado que los sindicatos hayan perdido la oportunidad de recibir las explicaciones que Beteta tenía previsto ofrecerles sobre estas medidas y se tengan que informar a través del acta de la reunión y de la lectura del Real Decreto.

No obstante, según informa el Ministerio de Hacienda en un comunicado, Beteta ha escuchado antes de la reunión las reivindicaciones de los sindicatos CC.OO., UGT, CSI-F, ELA y CIG, que le han informado de su intención de no sentarse en las Mesas convocadas por la Administración.

540 MILLONES DE AHORRO POR LA REDUCCIÓN DE MOSCOSOS

En cuanto a los detalles sobre las medidas anunciadas por Rajoy en el Congreso y que serán aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros, Beteta ha aclarado que se ahorrarán 540 millones de euros con la reducción del número de días de libre disposición de los funcionarios, con el objetivo de que todas las Administraciones tengan el mismo número de días.

En concreto, esta medida supondría un ahorro estimado en, al menos, 107 millones de euros en la Administración General del Estado, 340 millones en las Comunidades Autónomas y 93 millones en las Entidades Locales.

A esta cifra se sumarán los 252 millones de euros que se ahorrarán, según las estimaciones del Ejecutivo, al ajustar el número de 'liberados sindicales' a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto Básico de Empleo Público (EBEP).

En concreto, esta medida significará, con carácter general, un ahorro de 50 millones en la Administración General del Estado, 159 millones en las Comunidades Autónomas y 43 millones en las Entidades Locales.

En cuanto a la supresión de la paga extra de Navidad, Beteta ha incidido en que se trata de una “medida excepcional” que se aplicará solo en 2012 y ha recordado que estas cantidades podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones, “siempre que lo permita el cumplimiento del objetivo de estabilidad y en los términos y alcance que, en su caso, se determine

en la respectiva Ley de Presupuestos”.

Respecto a la equiparación de las condiciones en situación de incapacidad temporal de los empleados públicos con las del resto de trabajadores, Beteta ha señalado que el objetivo es equiparar el régimen de los empleados públicos al que con carácter general es de aplicación en el sector privado.

Así, ha indicado que se trata de equiparar en materia de complementos por incapacidad temporal a los empleados públicos de Régimen General de la Seguridad Social, “sobre los que algunas CCAA ya han establecido algunas medidas con los que pertenecen al Régimen Especial (MUFACE y otros regímenes especiales de mutualismo administrativo)”.

El secretario de Estado ha aclarado, no obstante, que “lógicamente”, el Ejecutivo tendrán en cuenta situaciones como la hospitalización o intervenciones quirúrgicas y otras de carácter excepcional “que pudieran merecer un trato diferenciado”.

Finalmente, ha subrayado que los acuerdos para facilitar la reordenación de los empleados públicos buscan “racionalizar y reorganizar” los recursos humanos en las Administraciones Públicas, “reasignándolos internamente de manera más eficiente”.

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