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Báñez garantiza «tolerancia cero» con el fraude en los fondos de formación pero pide no culpar al Ministerio

julio 23
13:52 2014
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Fátima Bañez, ministra de Empleo

UPyD exige «compromisos concretos» como una revisión de todos los expedientes en vez de «indignación» ante las pregunta sobre el tema

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha proclamado este miércoles la «tolerancia cero» de su departamento con el fraude en el uso de los fondos de formación para parados, pero ha pedido no culpar al Ministerio ni generalizar con este asunto porque los responsables son «personas y empresas concretas».

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, después de que el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, le haya preguntado por este asunto a resultas de las informaciones sobre fraudes tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía.

«Usted es una persona seria y le ruego que con este tema seamos un poco coherentes y responsables todos. Tolerancia cero con el fraude. El fraude en los cursos de formación lo cometen personas o empresas concretas, y contra eso tenemos que ir todas las administraciones y colaborar para poner toda la información a disposición de la Justicia, independientemente del territorio en el que se produzca. Por tanto, investigación, siempre; control, siempre; lucha contra el fraude, siempre. Hagámoslo todos, colaborando y estando a disposición de la Justicia. Pero que paguen las personas o empresas concretas. Le ruego que no generalice en esta cuestión», ha pedido al diputado.

EL MINISTERIO HA HECHO SU PARTE.

A renglón seguido, Báñez ha insistido en que no se «culpe al Ministerio, que es el menos culpable y hace sus deberes», como demuestra el hecho de que tanto el 'caso Aneri' en Madrid como el que se investiga en Málaga y otras zonas de Andalucía han sido detectados por «controles ordinarios y no por denuncias. «Se han puesto de manifiesto irregularidades y las hemos perseguido desde 2012», ha insistido.

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No obstante, ha recordado que la mayor parte de los fondos de formación son «controlados y fiscalizados» por las comunidades autónomas, y que Empleo sólo se encarga «excepcionalmente» de un pequeño porcentaje.

Además, ha subrayado que estos recursos públicos son controlados por el Tribunal de Cuentas, por la Intervención General del Estado y por el Servicio Público de Empleo Estatal. Y, además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social atiende las denuncias que le llegan, y pone a disposición de la Justicia y de la Policía «en todo caso» las irregularidades que detecta.

Finalmente, Báñez ha señalado que en lo que va de legislatura se han incrementado los controles de Empleo, se ha abierto la «concurrencia competitiva» para la gestión de los fondos de formación y «hay en marcha una reforma integral del modelo para mejorar la transparencia, la evaluación y la competencia». «Porque necesitamos un modelo de más calidad y que garantice que no habrá más fraude», ha concluido.

MÁS ACCIÓN Y MENOS INDIGNACIÓN.

Sin embargo, Anchuelo ha lamentado que si la reacción de los gobiernos madrileño y andaluz ante la existencia de estas tramas que «se dedican, ni más ni menos, a robar dinero de la formación de los parados» ha sido «decepcionante», la del Ministerio de Empleo no lo ha sido menos.

«La Comunidad de Madrid se han negado a crear una comisión de investigación y ha sepultado a la oposición en toneladas de documentos, y en Andalucía se han envuelto en la bandera y dicen que se difama el nombre de Andalucía. Pero el Ministerio parece ser espectador y que no tiene nada que ver, aunque buena parte de los fondos estafados son estatales o europeos, y de que el Ministerio forma parte de la Fundación Tripartita», ha señalado.

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Además, ante las palabras de Báñez, el diputado de la formación magenta le ha recomendado «reservar su indignación para los causantes de los fraudes y no para los diputados que preguntan» sobre el asunto, y «adoptar compromisos concretos en vez de elevar el tono de voz, como si (él) fuera el culpable de la corrupción».

«Es difícil pensar en un escándalo mayor que éste, en un país con 6 millones de parados y donde se recortan los recursos para formación. Y usted tiene un papel activo que desempeñar, aparte de hacer declaraciones rimbombantes», ha señalado, poniendo como ejemplo la necesidad de revisar todos los expedientes de estos cursos para asegurarse de que no se han producido «casos similares» en otras regiones.

Además, UPyD cree que Empleo debería llevar toda la información de la que disponga a los tribunales y «personarse» en las causas, así como «reformar el sistema de cara al futuro, aumentando los controles y la calidad de los cursos, y cambiando el papel de patronales y sindicatos», que «hasta ahora han actuado como intermediarios de la Administración, repartiendo recursos sin apenas control».

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