Santos Ruesga, uno de los miembros del comité de expertos creado por el Gobierno para definir el factor de sostenibilidad de las pensiones, cree que el informe aprobado por los 'doce sabios' se apoya únicamente en reducir el gasto para mantener la sostenibilidad del sistema porque parte de la premisa de que es no se debe aumentar el déficit.
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Santos Ruesga, uno de los miembros del comité de expertos creado por el Gobierno para definir el factor de sostenibilidad de las pensiones, cree que el informe aprobado por los 'doce sabios' se apoya únicamente en reducir el gasto para mantener la sostenibilidad del sistema porque parte de la premisa de que es no se debe aumentar el déficit.
Así lo ha explicado ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, donde Santos Ruesga ha comparecido para explicar su rechazo al informe y su voto particular. Aunque ha reconocido que hay cosas en dicho documento con las que está de acuerdo, el catedrático de Economía Aplicada ha subrayado que no comparte la "esencia" del informe que, desde su punto de vista, se sale del mandato del Gobierno, que se limitaba a diseñar un factor "vinculado a la evolución de la esperanza de vida".
"Yo entendía que la urgencia no era tan inmediata. Es verdad que en 2011 el sistema entró en déficit por el ciclo económico, pero con el fondo de reserva se podrían afrontar perfectamente bien hasta 2018, que es cuando el Gobierno espera que la Seguridad Social recupere el superávit. Por eso no me parece una buena decisión vincular la reforma de las pensiones con la coyuntura y con un objetivo de sostenimiento del déficit. No parece razonable económicamente ni desde otros puntos de vista", ha señalado.
"INNECESARIO E INOPORTUNO".
Entrando en el detalle del informe, Santos Ruesga ha definido el Factor de Revalorización Anual (FRA) como "innecesario e inoportuno en este momento", ya que "el sistema no va a caer el año que viene" sino que existe un margen temporal de más de 35 años hasta que las pensiones afronten la llegada de los jubilados del 'baby boom' y, por ende, las mayores tensiones.
"No veo la urgencia de su puesta en marcha desde el punto de vista de la sostenibilidad. Creo que teníamos tiempo para hacer los estudios pertinentes sobre los efectos de este factor y que lo sensato habría sido hacerlo con más tiempo", ha señalado, criticando que el comité no hizo simulaciones previas ni contó con el tiempo suficiente para trabajar. "Creo que habría prisa", ha llegado a afirmar.
Además, opina que este nuevo método de revalorización ajeno a la inflación conllevará "una bajada de las pensiones reales" independientemente de que se fije un suelo, situación que se acentuará a partir de 2014 (si el factor entra en vigor ese año) porque "los nuevos pensionistas ya no contarán con esa protección, por lo que sus pensiones podrían bajar incluso en términos nominales". "Eso tendrá efectos macroeconómicos importantes en un período de recesión que habría que haber tenido en cuenta e incluso calcular sus efectos", ha alertado.
Así, la aplicación del FRA a largo plazo se apoya, a su juicio, únicamente en la reducción del gasto que se suma a la que ya se derivará de la aplicación de la Ley 27/2011, sin plantearse la posibilidad de hacer una reforma fiscal que "suponga una transferencia de renta adicional" de los Presupuestos al sistema de pensiones, mecanismos que también se podría automatizar. Sin embargo, al introducir un mecanismo de ajuste automático por la vía de los gastos será poco probable que ningún gobierno se plantee en el futuro revisar los ingresos, ya que el sistema se mantendrá estable a lo largo del tiempo.
En términos cuantitativos, Santos Ruesga ha cifrado en dos puntos porcentuales del PIB esa necesidad de aportación de las arcas públicas a las pensiones para el año 2060, cuando el gasto se situará en torno al 16,7%, un dato en la media de los países de la UE. Por eso, dado que esa cantidad es "razonable", el 'sabio' cree "injustificable vincular sostenibilidad a largo plazo con ajustes a corto plazo".
A su entender, si se ha optado por limitar los gastos en lugar de esperar a que la ley 27/2011 tenga sus efectos de estabilización de las cuentas de la Seguridad Social, recurriendo entre tanto al fondo de reserva, se debe a que cualquier recurso sacado de la 'hucha de las pensiones' "computaría en el déficit" mientras que si se reduce el gasto no.
"Es decir, se liga (la reforma) a unas necesidades del Gobierno. Hay una presión para hacer algo a corto plazo y eso puede contradecir la idea del largo plazo de sostenibilidad. Pero con temas de una sensibilidad social tan importante como éste no suele ser buen compañero de viaje aplicarlas en fases tan depresivas", ha añadido.
SE REDUCIRÁN LAS PENSIONES INICIALES.
Con respecto al Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) –la otra pata del factor de sostenibilidad y la que, según Santos Ruesga, sí responde al mandato del Gobierno– ha avanzado que lo más previsible es que provoque una bajada de la pensión inicial con respecto a las cuantías actuales. A renglón seguido, ha explicado que sus discrepancias con este factor se centran, por una parte, en cómo aplicarlo y, por otra, en cuándo debe entrar en vigor.
A su juicio, lo más "favorable" habría sido hacer una "aplicación amplia y mixta" del FEI a los diferentes parámetros que definen una pensión –edad de jubilación, periodo de cotización, base reguladora, etc.– pero basada en unos estudios "con detalle que no se hicieron por razones de tiempo". "No teníamos por qué haber cerrado el parámetro sobre el que se aplica sino haber analizado su impacto en cada parámetro e incluso aplicándolo de forma mixta, para presentarlo", ha insistido.
Con respecto a la entrada en vigor, el experto ha recordado que la Ley 27/2011 no preveía la puesta en marcha de este factor hasta el año 2027 como punto de anclaje, un plazo "razonable" que "daba tiempo" para hacer un análisis más profundo". Asimismo, ha abogado por su revisión quinquenal en lugar de anual.
Por último, Santos Ruesga ha negado que él crea que no hay que hacer nada, pero ha criticado que se vuelva a hacer un ajuste en las pensiones (sobre todo las medias) sin estudiar otras vías de sostenibilidad del sistema, y ha defendido que en ningún momento ha sufrido presiones, más allá de las impuestas por la celeridad con la que el comité ha tenido que presentar su informe.
