MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Así se recoge en la treintena de propuestas de resolución que las diferentes formaciones han registrado al 'Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria', que se debatirán y votarán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas de este martes.
En dicho informe se cifraba en 107.913 millones de euros las ayudas directas o comprometidas que el Estado concedió a la banca entre 2009 y 2012, si bien el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, matizó que esa cifra "no equivale al coste neto de las aportaciones públicas a los procesos de reestructuración", que "sólo se podrá conocer cuando finalicen los procesos".
Además, se ofreció a presentar un informe sobre el coste final del rescate que incluya todos los años y todos los elementos que hasta ahora no se han tenido en cuenta, como el dinero recuperado con la enajenación de parte de las entidades o los costes de la Sareb, y
SEGUIMIENTO DEL RESCATE
Ahora, la oposición coincide en sus recomendaciones en reclamar al Tribunal que haga un seguimiento e informe periódicamente a las Cortes sobre el monto total del rescate y sobre qué cantidad de dinero se va a poder recuperar.
Los socialistas quieren además que el organismo informe sobre la legalidad del Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario, dado que "no fue aprobado por el Parlamento", que indique qué condiciones deben exigirséles a las entidades rescatadas para evitar pérdidas de fondos públicos, y que haga un seguimiento de los esquemas de protección de activos (EPA) que hay firmados.
Por su parte, UPyD quiere una fiscalización específica del uso de los fondos públicos y otras ayudas recibidas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o de los Fondos de Garantías de Depósitos (FGD) por parte de las entidades nacionalizadas tanto desde el punto de vista de su legalidad como de su eficiencia y eficacia; de las privatizaciones de las diferentes entidades para conocer tanto los riesgos asumidos a través de EPA como los importes recuperados; y del coste efectivo del rescate y su impacto en el déficit y la deuda pública.
CiU, que propone que la Comisión Mixta "lamente la precipitada reestructuración bancaria, llevada a cabo sin objetivos políticos ni económicos consensuados", pide asimismo un informe de fiscalización que "no se limite a analizar la legalidad de las actuaciones sino que también analice el coste total para los contribuyentes" del rescate –incluyendo recursos públicos empleados, comprometidos o recuperados– y la "oportunidad económico-financiera" de estas decisiones, así como su "eficacia".
Frente a todo esto, el PP reclama al FROB que "en el eventual caso de la apertura de un nuevo proceso de apoyo a las entidades financieras, mantenga la diligencia en la adopción de todas las medidas que la normativa le permite" en aras de "asegurar la defensa del interés público" y pide al Gobierno que "continúe fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y adecuada rendición de cuentas sobre la utilización de los diferentes instrumentos" de reestructuración y resolución de entidades.
Por su parte, los 'populares' exigen al Tribunal de Cuentas que en los informes de fiscalización del sistema financiero que realice en el futuro "mejore la sistemática" en los cálculos para "evitar la agregación y exposición conjunta de conceptos de distinta naturaleza", de modo que no se sumen las cuantías efectivamente inyectadas con las que están comprometidas pero que podrían no llegar a implementarse. Además, proponen que analice "otros posibles aspectos adicionales de manera independiente y de conformidad con criterios objetivamente evaluables" aunque sin precisar cuáles.
OPERACIONES IRREGULARES
Por otro lado, el PSOE también quiere que el Tribunal "se implique" en la investigación de las operaciones "irregulares" que se hayan podido producir en las entidades bancarias nacionalizadas, de modo que se puedan poner en conocimiento del órgano correspondiente para que "se deriven actuaciones judiciales".
Por su parte, el principal partido de la oposición exige al FROB que adopte medidas para "evitar que se vuelvan a producir las anomalías detectadas" mediante el ejercicio de sus competencias para ejecutar planes de reestructuración o resolución en entidades rescatadas, el establecimiento de normas de buen gobierno y el control directo de que se cumplen las restricciones sobre políticas comerciales agresivas.
Y es que el informe del Tribunal también acusaba al FROB de falta de diligencia en su intervención en entidades como Catalunya Banc (CX) o Banco de Galicia, lo que podría habría tenido consecuencias en la situación de las entidades y, por tanto, un "perjuicio para su gestión ordinaria".
En esta línea, UPyD reclama también informes específicos sobre el papel realizado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el FROB en la gestión de la crisis de Bankia desde que salió a bolsa hasta que fue nacionalizada, la gestión del saneamiento de su entidad y su progresiva privatización, y el proceso de venta de participaciones en algunas empresas privadas.
Asimismo, reclama un informe específico sobre los procedimientos judiciales vigentes durante el tiempo en que las entidades financieras rescatadas hayan sido públicas, en los que se haya imputado o encausado a miembros de la alta dirección o del consejo de administración por su gestión o por las remuneraciones u otros beneficios que hayan podido recibir, incluyendo un análisis de los importes recuperados.
CiU quiere también que se analicen si "existen más operaciones parecidas a las 90 sospechosas" sobre las que el FROB está realizando un análisis independiente. Además, los nacionalistas catalanes piden al Fondo que sus análisis sobre los procesos de integración de entidades sean "más rigurosos", que explique por qué en algunos bancos ha elegido a sus representantes de entre los miembros de los consejos de administración y en otros no, cómo sigue los planes de recapitalización y por qué son distintos los procesos de intervención y privatización de Bankia y CX.
Al Ejecutivo, por último, le exige que si formaliza nuevos acuerdos de apoyo financiero con entidades supraestatales se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una semana como máximo, y que modifique la Ley de Reestructuración bancaria para que sea obligatorio informar a los supervisores de los procesos de resolución de entidades y de la evolución de los riesgos asociados a los EPA.
BANCA PÚBLICA
Finalmente, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclama al FROB que asegure la defensa del interés general en sus actuaciones, que establezca "mecanismos claros y transparentes" de seguimiento, control e información de los fondos públicos empleados o comprometidos en el rescate y de su gestión; y que "emprenda todas las actuaciones judiciales precisas para recuperar los recursos" que los directivos y administradores de entidades nacionalizadas hayan podido "sustraer" de forma "no ajustada a derecho".
Por último, reclama que tanto BFA-Bankia como Catalunya Caixa mantengan al menos un 51% de su accionariado en manos públicas para "facilitar el crédito a las empresas de menor dimensión y a las familias".
