MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Empleo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, y la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, rechazan la decisión del Gobierno de externalizar un nuevo contrato de servicios informáticos de la Seguridad Social que podrían desempeñar los funcionarios de la casa, y apelan a un informe del Tribunal de Cuentas que exigía que no se privatizaran funciones asumibles por el personal propio de las entidades públicas.
Así consta en sendas preguntas parlamentarias, que recoge Europa Press, que hacen referencia al acuerdo aprobado el pasado 14 de junio por el Consejo de Ministros autorizando a la Tesorería General de la Seguridad Social a contratar por concurso abierto los servicios de informática para la realización del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de las entidades gestoras y servicios comunes del organismo.
El contrato, valorado en 40,5 millones de euros para los dos próximos años y prorrogable por dos ejercicios más por un montante total de 70,3 millones, incluye la obligación de realizar los servicios de análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación de las aplicaciones informáticas con las que se gestionan los "servicios clave" de la Seguridad Social, como son el control de prestaciones, el sistema de respaldo de las cotizaciones, el control de afiliación y pensiones, y la vida laboral de los trabajadores.
Para llevar a cabo todos estos trabajos se prevé la contratación de 85 trabajadores, según la información que se aporta en las preguntas parlamentarias.
CRÍTICAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Ambos diputados contraponen a este contrato el informe del Tribunal de Cuentas del periodo 2006-2009 sobre la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en el que el organismo fiscalizador "exigía que fueran los propios funcionarios los que se hicieran cargo de dichos servicios ya que tenían capacidad para ello" y criticaba además "que los contratos se concentraran siempre en las mismas empresas".
Por todo ello, Coscubiela y Díez preguntan al Ejecutivo si cree que el personal especializado de la Seguridad Social "no tiene conocimientos suficientes" o "no posee la formación y capacidad" necesaria para realizar un proyecto de estas características, y también si a la hora de sacar este contrato a concurso "se han tenido en cuenta" las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el que se "denuncia la instauración de un sistema de cautividad tecnológica".
Además, el diputado de ICV quiere saber "cómo se justifica que, mientras la plantilla de empleados públicos de la Seguridad Social se reduce, se concedan contratos millonarios a empresas privadas" y por qué se ha decidido dar "un paso más allá en este concurso, desprendiéndose de la dirección de proyectos informáticos del ente público". Asimismo, pregunta por el número de empleados públicos que desempeñaban estas funciones hasta ahora y por si la externalización supondrá "un coste añadido" en los servicios.
Por su parte, Rosa Díez aprovecha la pregunta para criticar que la autorización del contrato por parte del Consejo de Ministros "no se ha publicitado" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y quiere saber las causas de esta decisión.
