MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
En la iniciativa, que recoge Europa Press y que se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja, la coalición contrapone la "inacción y pasividad" del Gobierno español al "seguimiento, involucración y uso de influencia" que aplica el Ejecutivo francés, que el pasado mes de mayo amplió los sectores en los que la Administración tiene la potestad de autorizar o denegar inversiones extranjeras.
En concreto, se trata de las actividades ligadas a las industrias de Defensa y Seguridad, las tecnologías de la información, las apuestas, el aprovisionamiento de electricidad, gas, hidrocarburos y otras fuentes energéticas; la explotación de las redes de transportes, el agua, las comunicaciones electrónicas y la sanidad pública.
"En estos casos, el Ministerio de Economía galo debe autorizar previamente las inversiones de grupos extranjeros si está en juego la continuidad de la actividad y de las infraestructuras, o la preservación de ciertas competencias indispensables en aras del interés general. Además, se pueden bloquear decisiones empresariales que atenten contra los intereses económicos y exigir contrapartidas", detalla IU-ICV.
De forma similar, en Estados Unidos existe una comisión federal que "examina los proyectos de inversión extranjeros y se reserva la posibilidad de vetarlos en caso de que potencialmente pudieran generar problemas para la seguridad nacional".
COMPRA DE ALSTOM.
Este mecanismo permitirá al Gobierno francés "tener mayor margen de maniobra" ante las ofertas de compra de Alstom por parte de Siemens y General Electric, una operación que afectará a los centros de Alstom en España, donde la empresa tiene la central del negocio eólico y emplea a 4.000 personas en una treintena de centros de trabajo.
En este sentido, IU-ICV-CHA recuerda que el centro global de I+D de Alstom Wind, ubicado en Barcelona, presentó entre abril de 2012 y marzo de 2013 casi medio centenar de patentes, una tecnología que el Gobierno español "no protege" y cuya producción es "frecuentemente llevada a otros centros" sin que el Ejecutivo haga nada para evitarlo, según la coalición.
"La implicación del Gobierno es esencial para defender y asegurar el futuro de nuestros centros, cosa que implica el mantenimiento de puestos de trabajo, de alta calificación en la mayoría de casos. Pero también para asegurar el mantenimiento de la industria de energías renovables, actualmente atacada por las políticas del Gobierno y que, por ser un sector estratégico para la economía, no se puede dejar en manos del libre funcionamiento del mercado", defiende IU-ICV-CHA.
Por eso, exige al Ejecutivo una Estrategia de Protección de la Industria Local y de los sectores económicos estratégicos, en la que sea preceptiva una autorización previa de cualquier inversión extranjera que suponga una reestructuración empresarial que pueda suponer "pérdida de puestos de trabajo, de infraestructuras, de control de decisiones empresariales estratégicas o de proyectos".
Y también cuando dichas inversiones afecten a sectores estratégicos como aprovisionamiento de electricidad, gas, hidrocarburos y otras fuentes energéticas; explotación de las redes de transportes, agua, comunicaciones electrónicas, sanidad pública, defensa y seguridad y tecnologías de la información.
