Las medidas que afectan a los asalariados tendrán un impacto adicional de 2.757 millones de euros
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno prevé ahorrar hasta 5.150 millones de euros entre 2013 y 2014, más de medio punto porcentual del PIB, gracias a las medidas en materia de empleo público, según precisa la documentación remitida a la Comisión Europea para que evalúe los presupuestos para 2014 de cara a la corrección del déficit excesivo.
De este importe, 3.500 millones de euros corresponderán al impacto de estas medidas en 2013 –el 20% corresponderá al Estado, otro 20% a entidades locales y un 60% a comunidades autónomas–, mientras que en 2014 este ahorro será de 1.650 millones adicionales.
Entre las medidas adoptadas y en ejecución, el Gobierno precisa la congelación de la oferta de empleo público y la no reposición de efectivos, el incremento de la jornada de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, la reducción de los créditos y los permisos sindicales, la reducción de los días 'moscosos' de seis a tres o la modificación del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal.
En el caso de los asalariados, esta misma documentación precisa que las medidas adoptadas en este año que afectan al mercado laboral tendrán impacto positivo para las arcas del Estado de otros 2.757 millones de euros.
En este paquete se encuentran la eliminación del subsidio especial para mayores de 45 años que agotan la prestación contributiva, la racionalización del subsidio para mayores de 52 años, la exigencia de haber trabajado anteriormente para percibir la Renta Activa de Inserción (RAI), la reducción de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes o la modificación de prestaciones y subsidios ligados a contratos a tiempo parcial.
El Ejecutivo explica que el impacto del Plan Prepara y de la reforma de las políticas activas de empleo se observará previsiblemente en 2014, pero no se ha cuantificado para este año.
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Los de 2014 son los primeros presupuestos en los que se ha aplicado la nueva regulación europea que exige la remisión de un Plan Presupuestario antes del 15 de octubre. El plan contiene la información relativa a los proyectos de presupuestos de la Administración Central y las líneas fundamentales de los demás subsectores de las Administraciones Públicas.
Con el envío de este informe se culmina el proceso de remisión de información a la Comisión Europea que se inició el 1 de octubre.
