El exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cometiera irregularidades en la concesión de créditos al empresario Bartolomé Cursach para la construcción de dos edificios recreativos en Mallorca, Intrademallorca y Calvià Parc, han informado fuentes jurídicas.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cometiera irregularidades en la concesión de créditos al empresario Bartolomé Cursach para la construcción de dos edificios recreativos en Mallorca, Intrademallorca y Calvià Parc, han informado fuentes jurídicas.
El exdirectivo de la entidad declaró ayer como imputado en una las piezas en las que se investiga la gestión del banco, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro y tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 por la situación financiera en la que se encontraba.
Parra, al que se acusa de conceder los créditos a Cursach sin la supervisión del consejo de administración, ha asegurado que la operación siguió los cauces obligatorios aplicados por su banco. El constructor, que recibió un total de 43 millones de euros, acabó declarando su empresa en concurso de acreedores por lo que la entidad decidió acordar una dación en pago para saldar los créditos, explicó durante su declaración ante el juez como imputado.
Parra reconoció, además, que el banco alquiló después los inmuebles al mismo empresario y justificó esta decisión en la necesidad de evitar que los edificios sufrieran un deterioro por abandono que hubiera provocado su devaluación. En esta pieza separada, el juez investiga a un tercer imputado, el exdirector de participaciones inmobiliarias del Banco de Valencia Alfonso Monferrer.
Pedraz instruye en otros dos procedimientos la querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el expediente sancionador abierto por el Banco de España. La querella del FROB, presentada en junio de 2012, se dirige contra Parra, su socio Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia Eugenio Calabuig, a los que se atribuyen los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
El instructor abrió posteriormente varias piezas separadas en las que investiga la concesión de créditos irregulares por parte del banco. El Consejo de Administración de Banco de Valencia fue sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB, que inyectó en la entidad cerca de 2.000 millones de euros y le otorgó un aval de 1.500 millones de euros.
