El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes la la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, sin modificaciones "sustanciales" respecto al anteproyecto y con la intención de que pueda estar vigente el próximo trimestre, según han informado a Europa Press en fuentes del sector.
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes la la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, sin modificaciones "sustanciales" respecto al anteproyecto y con la intención de que pueda estar vigente el próximo trimestre, según han informado a Europa Press en fuentes del sector.
De esta forma, el Ministerio de Agricultura mantiene su apuesta por esta norma, que aumentará la eficacia y competitividad del sector agroalimentario y reducirá el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
"La intención del Ministerio es, en principio, mantener en esencia el espíritu del texto inicial por lo que la futura norma será similar a lo que se había propuesto", han afirmado las mismas fuentes.
La futura ley, según han explicado las mismas fuentes, recogerá previsiblemente algunas observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y alegaciones del sector agrario, al tiempo que modificará puntos que, en algunos casos, estaban previstos cambiar desde la redacción del anteproyecto.
En principio, el departamento de Arias Cañete mantendrá con toda probabilidad las infracciones que contemplaba el anteproyecto, que recoge multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria, agricultores, industria y distribución, que cometan prácticas abusivas en el sector alimentario.
Tras conocer el anteproyecto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía consideró que se debería "reconsiderar parte del contenido" del anteproyecto y avisaba del "elevado riesgo de ruptura de unidad de mercado".
En concreto, la CNC señaló que el sistema de infracciones administrativas y el régimen sancionador propuesto en este anteproyecto generaría "un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado, al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo territorial de referencia".
Entre los aspectos que recoge el anteproyecto de la futura norma se contempla un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria; la obligación de formalizar por escrito los contratos, cuyos elementos esenciales serán pactados por las partes y la prohibición de determinadas prácticas comerciales, como los pagos comerciales no previstos.
Asimismo, se establece un control administrativo, otorgando potestad sancionadora al Ministerio de Agricultura, al tiempo que se crea el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, transformación e industria.
