Los productos de inversión deben clasificarse en función de su riesgo y podría hacerse con un código de colores
Los productos de inversión deben clasificarse en función de su riesgo y podría hacerse con un código de colores
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El PP ha incluido entre sus propuestas de recomendación de la subcomisión de Transparencia de productos financieros e hipotecarios la posibilidad de obligar a las entidades financieras a informar a sus clientes sobre el valor teórico razonable de un producto cuando no exista precio de mercado o cuando se desvíe "significativamente" del último valor de referencia.
Ésta es una de las medidas recogidas en el informe que el PP ha presentado este martes ante la subcomisión, con el ánimo de que sean incluidas en las recomendaciones finales que el Congreso envíe al Gobierno, con la vista puesta en mejorar la transparencia en la comercialización de productos por el sector financiero y también en incrementar la protección de los ahorradores.
Según las propuestas, que recoge Europa Press, los productos de inversión deben clasificarse en función de su riesgo y complejidad antes de su puesta en el mercado, lo que podría hacerse incluso con un código de colores. A la hora de su venta, se debería acreditar el cumplimiento de las obligaciones de información mediante una copia firmada por el consumidor y, periódicamente (cada seis o tres meses en lugar de anualmente) las entidades deberían remitir información clara sobre los valores de mercado o teóricos de todos sus productos.
"Cuando no exista un precio de mercado de referencia, habría que establecer la obligación de informar a los clientes de una estimación del valor razonable teórico del instrumento con carácter previo a la tramitación de la orden de compra o venta. Esta medida podría adoptarse también en aquellos casos en que el valor razonable teórico del instrumento se desvíe significativamente, a juicio de la entidad, del último valor de mercado de referencia", añaden los 'populares'.
INFORMAR SOBRE LA LIQUIDEZ
Asimismo, es importante que las entidades precisen si ofrecen liquidez a un producto que comercializan directamente y del precio que el comprador obtendría al día siguiente de la adquisición. "Si la entidad no ofreciera liquidez, en operaciones bilaterales, debería dar información destacada de esta circunstancia", añade el texto. Así se podrían evitar situaciones como las de las participaciones preferentes, donde los titulares desconocían que estaban adquiriendo deuda perpetua.
En esta misma línea, el PP plantea que sea obligatorio aportar un informe de valoración y un contrato de liquidez, y pide establecer un periodo de reflexión mínimo de entre 24 y 48 horas para poder desistir de la compra. En cuanto a los depósitos bancarios, se debería garantizar que tengan "el máximo nivel de protección", y ante cualquier conflicto los 'populares' consideran que sería conveniente implantar un sistema de resolución alternativo a la vía judicial, como es por ejemplo el arbitraje.
De hecho, en su documento el PP recoge datos del Ministerio de Economía según los cuales en Novagalicia Banco ha habido ya más de 28.000 laudos positivos, en Bankia se han emitido más de 3.000 y en Catalunya Caixa ha habido 12.000 resoluciones favorables. "Cerca de 45.000 personas se han beneficiado del mecanismo de arbitraje (de preferentes)", añade.
En cualquier caso, también se recuerda que ya se han adoptado medidas desde el Ejecutivo para introducir "requisitos adicionales" en la comercialización de productos de inversión complejos como las participaciones preferentes, tales como obligar a una aceptación manuscrita de las condiciones o la limitación de las emisiones a inversores institucionales o profesionales.
PRODUCTOS HIPOTECARIOS
Con relación a los préstamos hipotecarios, el partido mayoritario argumenta que las medidas adoptadas por el Gobierno "con rapidez" en lo que va de legislatura "ahondan en la protección del cliente, estableciendo requisitos adicionales de transparencia", y destaca particularmente el Código de Buenas Prácticas, el Fondo Social de Vivienda y la Ley Antidesahucios que, entre otras cosas, limita los intereses de demora, introduce quitas objetivas, evitar un incremento exponencial de la deuda ante insolvencia sobrevenida y protege ante cláusulas abusivas.
Así, en este ámbito el partido que da sustento al Gobierno se limita a plantear recomendaciones como reforzar las obligaciones de los notarios en materia de información a las partes sobre lo que conlleva la firma de un contrato. En este sentido, ve "positivos" los acuerdos alcanzados en los últimos años por los colegios notariales y avanza que valorará "bien" cualquier otra propuesta en este sentido.
También sugiere "fortalecer" la independencia de las sociedades de tasación y la valoración de los bienes inmuebles, poner en marcha "cuanto antes" un portal online de subastas para facilitar la creación de un mercado nacional, y obligar a los bancos a informar a los clientes de que no es obligatorio firmar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario, así como precisar las condiciones del préstamo con o sin seguro.
En relación con las entidades financieras, cree que deben "reflexionar" de manera "constructiva" sobre los "excesos" que han cometido para "evitar que se vuelvan a repetir los errores del pasado" y, en este sentido, pone sobre la mesa posibilidades como que los bancos "eviten políticas de incentivos de los empleados que puedan alentar prácticas de comercialización excesivamente agresivas", que aprueben códigos de conducta internos "públicos y accesibles" o que pongan en marcha ciclos formativos para preparar a sus empleados a la hora de explicar las condiciones de los productos que venden.
OTROS CAMBIOS
En la misma línea, el PP también cree que sería positivo "reforzar en los programas educativos las materias relacionadas con la educación financiera" y pone como ejemplo el plan de educación financiera preparado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, cree necesario reforzar la información sobre los derechos y obligaciones como usuarios bancarios (incluyendo lo relativo a las quejas o reclamaciones), y también sobre las características de los productos. "Lo importante no es facilitar mucha información, sino aquélla necesaria para que el cliente pueda conocer el alcance de lo que firma", señala, proponiendo que se limite legalmente la información precontractual y contractual a la necesaria para comprender un producto y que se estandarice su presentación.
Sin embargo, los 'populares' subrayan que, tanto en el caso de productos hipotecarios como financieros, cualquier iniciativa legislativa que busque mejorar la transparencia "no puede perder de vista" tres principios básicos: la responsabilidad de los propios actos, la presunción de validez del consentimiento y el 'pacta sunt servanda', es decir, que las obligaciones deben ser cumplidas.
