El Pleno del Congreso se pronunciará este martes sobre la iniciativa socialista de prohibir la venta de participaciones preferentes a inversores minoristas sin excepción, proposición en la que también reclaman la devolución del valor nominal total de estos títulos a quienes los suscribieron en el pasado.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso se pronunciará este martes sobre la iniciativa socialista de prohibir la venta de participaciones preferentes a inversores minoristas sin excepción, proposición en la que también reclaman la devolución del valor nominal total de estos títulos a quienes los suscribieron en el pasado.
Ante la comercialización pasada de participaciones preferentes "sin un nivel adecuado de transparencia" ni una "evaluación previa de los conocimientos financieros y experiencia del inversor minorista", el PSOE cree que muchos de quienes invirtieron sus ahorros en un producto que creían seguro se encuentran con que no pueden disponer de su dinero de forma inmediata, al menos no sin asumir pérdidas.
Para evitar que esta situación se repita en el futuro, los socialistas proponen modificar la Ley del Mercado de Valores para "regular mejor este tipo de conductas y obligar a las entidades a ofrecer información suficiente y pormenorizada sobre los riesgos y condiciones de los productos que ofrecen a sus clientes minoristas", así como que "presten asesoramiento financiero adecuado al perfil de sus clientes" y emitan "certificados de idoneidad".
LA REFORMA ES INSUFICIENTE
Y es que para el PSOE las reformas del sector financiero aprobadas en mayo y en agosto son "insuficientes" para solucionar este problema, y en la última normativa de reestructuración bancaria no se aborda una efectiva respuesta a los afectados, sino que se legisla para evitar casos futuros.
Y es que el decreto ley –que actualmente se tramita en las Cortes como proyecto de ley– no incluye ninguna normativa, pero sí se regula "con todo tipo de cautelas" la venta de estos productos a futuro. Así, se exigirá que al menos el 50% de la colocación de productos complejos se haga en inversores institucionales, que determinarán las condiciones exactas de los ahorradores individuales. Además, habrá límites en las diferentes inversiones y los clientes minoristas deberán firmar de su puño y letra una declaración de conocimiento de riesgos
Frente a esto, los socialistas sugieren en su proposición de ley que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la que autorice las operaciones de canje de las participaciones preferentes y que las entidades tengan la "obligación" de ofrecer el cien por ciento de su valor nominal.
Además, abren la posibilidad a que los inversores, "con carácter voluntario", puedan elegir suscribir nuevas acciones, obligaciones subordinadas convertibles en acciones de la entidad emisora o de cualquier otra de su grupo, y la constitución de imposiciones a plazo fijo no superior a tres años".
El Gobierno, por su parte, podrá "establecer los requisitos y condiciones que garanticen las posibilidades de canje" y además prohibirá, a partir de la entrada en vigor de este cambio normativo, la comercialización por cualquier tipo de entidad de participaciones preferentes entre la clientela minorista.
BUSCAR UNA SOLUCIÓN
El pasado 14 de marzo, la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley del PSOE en la que exigía al Gobierno que garantizara a los clientes que contrataron participaciones preferentes la recuperación de su capital inicial y que regulara la información que se da sobre estos productos financieros.
Según el diputado Antonio Hurtado, aproximadamente un millón de personas invirtieron en estos productos un total estimado de más de 10.000 millones de euros. Sin embargo, la información que recibió la mayoría de ellos sobre condiciones de rentabilidad y liquidez fue, "como mínimo, inadecuada, incompleta e imperfecta, cuando no fraudulenta".
En otra proposición no de ley, los socialistas insistían en este asunto, reclamando que la CNMV analice de oficio e individualmente cada caso de comercialización de participaciones preferentes entre minoristas para determinar qué personas fueron "estafadas", así como que el fiscal general del Estado depure responsabilidades en este caso.
Asimismo, las enmiendas parciales a las dos últimas reformas financieras (tanto las del PSOE como las de prácticamente todos los demás partidos de la oposición) insistían en la necesidad de dar una solución real a estos afectados.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también ha presentado en la Cámara baja una iniciativa similar para acabar con el "corralito" que, a su entender, están sufriendo los titulares de estos productos, y para sancionar a los bancos que hayan abusado de sus clientes.
Por su parte, CiU ha presentado una iniciativa reclamando al Gobierno que expediente a los bancos que vendieron participaciones preferentes a clientes individuales, así como que sancione a los que pudieran haber vulnerado la ley, y que presente un proyecto de ley de transparencia y calidad en la comercialización de productos bancarios.
NO SE DEBIERON COMERCIALIZAR
El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó en sede parlamentaria que "nunca se tendrían que haber colocado (estos títulos) entre el pequeño ahorrador", máxime cuando los inversores institucionales ya los estaban rechazando, y se comprometió a buscar "una salida lo más adecuada posible" a esta situación.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha asegurado que la "preocupación fundamental" en la que trabaja el Gobierno es conseguir una solución para el problema de las participaciones preferentes con la que los afectados "no pierdan un solo euro de sus ahorros".
Sin embargo, ante las críticas de la oposición y, particularmente, de los socialistas, De Guindos afirmó el pasado mes de agosto que "si las preferentes no se hubieran, pidiendo al principal partido de la oposición "menos demagogia" y lamentó que no expresara la "misma vehemencia" cuando se colocaban preferentes en 2008 y 2009, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.
También el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha tomado cartas en el asunto, ya que se está estudiando la vía civil, e incluso la penal, para tipificar la comercialización de estos productos y dar cabida a una demanda de consumo en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.
El Congreso también ha creado una subcomisión para vigilar la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, por donde han desfilado ya representantes de asociaciones de consumidores y usuarios que se han quedado de estos productos, y han alertado de que ya se está fraguando la próxima crisis de este tipo alrededor de nuevos productos como los pagarés.
