La noticia del día es la caída de Microsoft. El servicio de Outlook, Copilot o Teams, muy utilizados en todo el mundo está interrumpido y podrían pasar un par de días hasta que todo vuelva la normalidad. Entre tanto, este problema está afectando a infinidad de compañías, corporaciones y servicios públicos en todo el planeta.
La pregunta que se hacen muchos y que ya ha llegado a los expertos jurídicos es: ¿quién asume el coste? ¿Se pueden exigir indemnizaciones a Microsoft por todo ello? Legálitas Negocios trata de arrojar luz en este caso.
¿Se puede exigir una indemnización por la caída de Microsoft?
La respuesta que ofrece estos especialistas no es automática. La posibilidad de exigir una indemnización depende de las obligaciones asumidas por el proveedor, de las causas que hayan provocado la incidencia y de la capacidad de la empresa afectada para demostrar los daños sufridos. También resulta determinante la relación contractual entre la compañía y sus propios clientes, ya que una interrupción tecnológica no elimina necesariamente las obligaciones de prestar los servicios comprometidos.
Legálitas acude al artículo 1101 del Código Civil que contempla la obligación de indemnizar los daños y perjuicios cuando una parte incumple sus obligaciones por negligencia, incurre en retraso o contraviene de cualquier otra forma lo pactado. Teniendo en cuenta la literalidad de la norma, si el proveedor tecnológico – en este caso Microsoft – no cumple las condiciones comprometidas y ese incumplimiento ocasiona perjuicios a sus clientes, podría tener que responder económicamente.
Sin embargo, que un servicio deje de funcionar no implica por sí mismo que exista derecho a una compensación. Es necesario analizar qué provocó la caída, qué obligaciones había asumido el proveedor y si concurre alguna circunstancia que pueda eximirle de responsabilidad.
Siguiendo con la legislación española, el artículo 1105 del Código Civil se refiere a aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, aun siendo previsibles, resultaran inevitables. No obstante, una incidencia técnica no constituye automáticamente un supuesto de fuerza mayor. Para determinar si puede aplicarse esta excepción habrá que estudiar las circunstancias concretas del incidente.
Lucro cesante, costes adicionales y daños por retrasos
Cuando una interrupción tecnológica provoca pérdidas, las empresas pueden reclamar distintos conceptos económicos, siempre que exista fundamento jurídico y puedan acreditar tanto el perjuicio como su relación con la caída del servicio.
Uno de los principales es el lucro cesante, es decir, los ingresos que la compañía ha dejado de obtener porque determinadas operaciones comerciales no pudieron realizarse. A esta partida pueden sumarse los costes adicionales generados durante la incidencia y los gastos necesarios para recuperar la operativa habitual o poner en marcha soluciones alternativas.
También podrían reclamarse los daños derivados de retrasos en entregas, incumplimientos de compromisos contractuales o dificultades para prestar servicios a terceros. En todos los casos, la documentación resulta esencial: no basta con señalar que la empresa estuvo inoperativa durante un periodo determinado, sino que será necesario demostrar las consecuencias económicas concretas.
Por eso, Legálitas Negocios recomienda conservar evidencias de la interrupción, registrar cuándo se produjo y cuánto duró, documentar los procesos afectados y cuantificar las pérdidas que puedan atribuirse al incidente. Los registros internos, las comunicaciones con el proveedor, las operaciones canceladas y los costes extraordinarios pueden resultar relevantes para fundamentar una eventual reclamación.
La responsabilidad también alcanza a las empresas afectadas
La cuestión tiene una segunda dimensión. Aunque una compañía dependa de Microsoft u otro proveedor tecnológico para desarrollar su actividad, mantiene sus propias obligaciones frente a los clientes. Si no puede prestar el servicio contratado como consecuencia de una caída, puede estar incumpliendo sus compromisos.
En ese escenario, los consumidores pueden verse perjudicados económicamente, sufrir molestias o quedarse sin acceso a un servicio que habían contratado. La empresa deberá analizar las circunstancias y las condiciones de cada relación contractual para determinar qué medidas corresponden.
Dependiendo del tipo de servicio y de la causa de la interrupción, las consecuencias pueden incluir una reducción proporcional del precio, la resolución del contrato o una indemnización por los daños ocasionados. La solución dependerá de las características del servicio y de las circunstancias concretas de cada caso.
Los clientes, por su parte, disponen de distintas vías para defender sus derechos. Pueden presentar una reclamación directamente ante la empresa y solicitar una solución; pedir una reducción del precio o la resolución del contrato cuando proceda; y reclamar una indemnización si la interrupción les ha ocasionado daños o pérdidas económicas que puedan demostrar.