El sector educativo se ha convertido en uno de los principales objetivos del cibercrimen a nivel mundial. Universidades, centros escolares y plataformas de formación digital acumulan datos personales, académicos y financieros de millones de estudiantes y docentes, lo que los transforma en un blanco de altísimo valor. El Informe 2025 sobre Ciberseguridad en el Sector Educativo, elaborado por Insurance Area Correduría de Seguros, revela una conclusión inquietante: la educación es la industria más atacada del mundo y España no escapa a esa tendencia.
El sector educativo ya no puede considerar la ciberseguridad como un gasto técnico, sino como una inversión estratégica para garantizar su continuidad – José Romero, CEO de Sector Asegurador
Una tormenta perfecta: datos valiosos, sistemas obsoletos y falta de recursos
El estudio advierte que siete de cada diez universidades españolas han sufrido algún ciberataque en el último año, una cifra alarmante que demuestra el nivel de exposición del sector. A nivel europeo, la educación lidera el ranking de ciberataques semanales con una media de 4.388 incidentes, el doble de la media global.
Las causas de esta situación son múltiples: infraestructuras tecnológicas envejecidas, presupuestos insuficientes, y un ecosistema donde conviven miles de usuarios —alumnos, profesores y personal administrativo— conectados simultáneamente a los mismos sistemas.
Los ciberdelincuentes saben que, tras un ataque exitoso, pueden obtener beneficios económicos, acceso a datos personales o simplemente interrumpir un servicio crítico en épocas clave como exámenes o matriculaciones. Además, el 59% de los ataques está vinculado al crimen organizado, mientras que los errores humanos —que suponen el 60% de las brechas— siguen siendo el principal punto de entrada.
El impacto económico y reputacional: una factura millonaria
La magnitud del problema se mide también en euros. El coste medio de un ataque en el sector educativo asciende a 2,24 millones de euros, un 48% superior al promedio de otras industrias. A ello hay que sumar el pago de rescates (473.000 € de media), los gastos de recuperación de sistemas (230.000 €) y, en muchos casos, multas de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que pueden llegar a los 20 millones de euros o al 4% de la facturación anual.
Más allá del dinero, cada ataque deja una huella reputacional difícil de borrar: pérdida de confianza, caída de matrículas, sanciones regulatorias y, en los casos más graves, interrupciones totales de la actividad académica.
España, un laboratorio de casos reales
El informe detalla ejemplos concretos ocurridos en 2025. Escuelas de negocio, universidades y empresas de contenido educativo fueron víctimas de ransomware que paralizó sus sistemas o filtró miles de registros. Entre los casos más mediáticos, destacan el ataque al colegio Compañía de María de Vigo y la brecha de datos sufrida por ESIC University, donde se robaron más de 66.000 expedientes de alumnos y personal.
Cada uno de estos incidentes demuestra que la ciberseguridad ya no es una opción, sino un requisito imprescindible para garantizar la continuidad académica y la confianza social.
El papel del factor humano
Aunque las amenazas tecnológicas evolucionan con rapidez, el fallo humano continúa siendo el eslabón más débil. Contraseñas débiles, clics en correos fraudulentos o errores de configuración siguen siendo responsables de la mayoría de los ataques exitosos.
De ahí que la formación en ciberseguridad y la concienciación de toda la comunidad educativa sean pilares estratégicos. “En ciberseguridad, la cultura organizativa es tan importante como la tecnología”, recuerda el informe.
Sin embargo, el sector arrastra una carencia estructural: el 78% de las escuelas no dispone de especialistas en ciberseguridad y el 44% invierte menos del 10% de su presupuesto de TI en protección digital. Esta debilidad abre una ventana de oportunidad para ataques cada vez más sofisticados.
La irrupción de la inteligencia artificial: un nuevo enemigo invisible
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta de doble filo. Si bien ofrece ventajas en automatización y aprendizaje, también ha sido adoptada por los ciberdelincuentes.
El informe señala que uno de cada seis ataques globales ya utiliza IA para suplantar identidades o generar fraudes hiperrealistas. Las técnicas de deepfake y vishing (phishing por voz) permiten a los atacantes imitar con gran realismo la voz o imagen de directivos, profesores o personal administrativo, logrando engañar a empleados y estudiantes.
Además, los hackers pueden manipular herramientas de IA generativa y chatbots para distribuir malware o recopilar datos confidenciales sin ser detectados.
El uso irresponsable de plataformas de IA por parte de los propios empleados también genera riesgos. Se estima que el 15% del personal educativo utiliza herramientas de IA con sus credenciales corporativas, y en muchos casos sin autorización o protección, exponiendo información sensible a filtraciones accidentales.
El modelo “Zero Trust”: la confianza ya no es una opción
Frente a este panorama, el informe propone adoptar el modelo de “Zero Trust”, basado en la premisa de que ningún usuario o dispositivo debe considerarse confiable por defecto, ni siquiera dentro de la red interna. Este enfoque implica verificar, autenticar y monitorizar continuamente cada acceso, limitar privilegios y suponer que cualquier sistema puede estar comprometido.
Complementariamente, se recomienda implementar segmentación de redes, autenticación multifactor, cifrado obligatorio, copias de seguridad verificadas y planes de continuidad operativa.
Un plan de ciberseguridad robusto no solo mitiga los ataques, sino que mejora la capacidad de respuesta ante incidentes inevitables.
Ciberseguros: una inversión estratégica para el sector educativo
El informe dedica un apartado a los ciberseguros, una herramienta todavía infrautilizada pero con alto potencial. Solo el 30% de las instituciones educativas dispone actualmente de cobertura específica, a pesar de que puede marcar la diferencia entre la recuperación o el colapso tras un ataque.
Por un coste medio anual de entre 1.000 y 15.000 euros, un ciberseguro puede cubrir daños propios, responsabilidad frente a terceros, fraudes, costes legales y apoyo forense. Además, incluye servicios preventivos de monitorización y asistencia 24/7, elementos esenciales en un entorno donde cada minuto cuenta.
La rentabilidad de estas pólizas es clara: por cada euro invertido, las instituciones pueden evitar pérdidas equivalentes a más de 16.000 euros, según los cálculos del informe.
En un mundo donde el conocimiento es el activo más valioso, proteger los datos de alumnos y profesores es una cuestión de responsabilidad institucional
La resiliencia como meta
El documento concluye con un mensaje contundente: “No es si, es cuándo”. La pregunta ya no es si una institución sufrirá un ataque, sino cuándo ocurrirá y cuán preparada estará para responder.
La ciberseguridad debe ser entendida como una inversión transversal y estratégica, integrada en la cultura organizativa y respaldada por la dirección. La coordinación entre CEO, CIO, CISO y CFO se vuelve esencial para priorizar recursos, definir políticas claras y medir resultados.
La educación forma el futuro de la sociedad; protegerla es proteger el conocimiento. En un entorno donde los rescates se han multiplicado por siete y los ataques por casi un 40% anual, la resiliencia digital es la nueva garantía de sostenibilidad institucional.
El Informe 2025 de Ciberseguridad en el Sector Educativo deja claro que el sector vive su mayor desafío histórico. El equilibrio entre tecnología, formación, inversión y protección será decisivo para el futuro de universidades y colegios.
La colaboración público-privada, la profesionalización del talento y la adopción de medidas integrales —desde el modelo Zero Trust hasta los ciberseguros— marcan el camino hacia un ecosistema educativo más seguro, consciente y preparado.