La empresa pública Extremadura Avante y las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana, a través de la Sociedad Gestora de Industrias Agroalimentarias, han firmado este jueves con la administración concursal de Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) un contrato de arrendamiento de gestión con opción a compra.
MÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS)
La empresa pública Extremadura Avante y las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana, a través de la Sociedad Gestora de Industrias Agroalimentarias, han firmado este jueves con la administración concursal de Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) un contrato de arrendamiento de gestión con opción a compra.
Este acuerdo tiene como fin evitar el proceso de liquidación de la compañía propiedad de la familia Ruiz-Mateos, que fue apartada de la gestión por la juez que declaró el concurso voluntario de acreedores.
Aunque Carcesa continuará en situación de concurso de acreedores, este acuerdo permite trabajar en la viabilidad del proyecto. La empresa podrá afrontar la campaña de tomate, tendrá una nueva gestión e inyección de liquidez, según ha informado la Junta en nota de prensa.
La administración concursal continuará estudiando los planes laborales y financieros presentados durante un plazo de tres meses, momento en el cual decidirán si se procede a la compra definitiva de Carcesa por parte de la Sociedad Gestora de Industrias Agroalimentarias.
La nueva sociedad gestora trabajará «en breve», junto con los sindicatos, para gestionar la continuidad de los puestos de trabajos que Carcesa tiene en las instalaciones de Don Benito, Mérida y Montijo.
Carcesa, fabricante de marcas como Apis y Fruco, fue la primera empresa de Nueva Rumasa en lanzar pagarés corporativos en febrero de 2009, con una rentabilidad del 8% anual. Se encuentra en concurso de acreedores desde finales de marzo, con un pasivo de más de 100 millones de euros.
El acuerdo de arrendamiento se produce después de que directivos y trabajadores de Quesería Menorquina (Tranchettes), hasta ahora filial de Carcesa, firmaran la compra del 100% de la empresa de Baleares por un valor simbólico de 346 euros. Los compradores asumen además un pasivo de entre 30 y 35 millones de euros, superior en unos diez millones de euros al valor de los activos de la empresa.
