Según Eurostat, el desempleo juvenil afectaba en febrero de 2025 a más de 2,8 millones de jóvenes menores de 25 años en la UE, de los cuales más de 2,2 millones residían en la zona del euro, lo que representa una tasa de desempleo juvenil del 14,5 % en la UE. España fue el país con la mayor tasa de paro juvenil de los Estados miembros que enviaron sus datos a Eurostat, 25,5 % (con 469.000 personas). A continuación, se situaban Suecia y Luxemburgo con una tasa de desempleo juvenil del 25,1% y 21,8% respectivamente.
España lidera el desempleo juvenil en Europa con una tasa del 25,5%
Por otra parte, según el estudio sobre el valor del capital humano elaborado por la Fundación BBVA, el 89 % de los ciudadanos que emigran desde España están en edad de trabajar. Sólo en 2022, abandonaron el país 426.000 personas, en su mayoría jóvenes cualificados. Cabe preguntarse por el impacto económico de esta fuga, el cual es cuantificable, y asciende a 155.000 millones de euros según la Fundación BBVA.
El 89% de quienes emigran desde España están en edad de trabajar
Cuando un país pierde una parte significativa de su capital humano debido a la emigración, afronta serios desafíos económicos, sociales y estructurales. El más evidente es la pérdida de talento en el que ya ha invertido, así como de la productividad potencial que dicho talento podría generar. En el caso de España, la mayoría de quienes emigran son personas altamente capacitadas (profesionales, técnicos, emprendedores), lo que reduce la productividad nacional y limita la capacidad de innovación, tanto presente como futura. Este fenómeno se conoce como ‘fuga de cerebros‘, la salida de quienes podrían impulsar sectores estratégicos como la salud, la educación, la tecnología o la investigación.
Si España pierde trabajadores cualificados reducirá su capacidad para generar valor económico y acentuará la dependencia de sectores menos productivos. La emigración de los jóvenes cualificados provocará un déficit en profesiones clave, como médicos, ingenieros u otros especialistas, lo que deteriorará la calidad de los servicios públicos y, en consecuencia, agravará las desigualdades sociales.
Esta emigración impacta negativamente en el PIB, la innovación y los servicios públicos
Obviamente, las repercusiones también serán demográficas ya que al ser principalmente jóvenes quienes abandonan el país, se producirá un desequilibrio en la pirámide poblacional que acelerará el envejecimiento de la población española. Las consecuencias para el sistema de pensiones y el sistema de salud son, por tanto, inevitables y de largo alcance.
Al analizar las estrategias implementadas por países que han afrontado con relativo éxito la emigración de su capital humano, se observa que sus soluciones han girado en torno a tres ejes principales: frenar la fuga de cerebros, incentivar su retorno y conectar a la diáspora con el desarrollo nacional. Muchos de estos países, tales como China, India o Corea del Sur, han pasado de ser economías emergentes para convertirse en potencias económicas globales.
China, India y Corea del Sur son ejemplos de éxito en la repatriación de talento
Con el objetivo de repatriar talento, han puesto en marcha políticas específicas, como programas de becas para atraer a profesionales que deseen regresar a trabajar o investigar, incentivos fiscales temporales tras el retorno, o acceso preferente a empleos públicos y proyectos de innovación impulsados mediante la colaboración público-privada.
Uno de los programas más emblemáticos en esta materia fue el “Programa de los Mil Talentos”, lanzado por el gobierno chino en 2008 con el objetivo de atraer a profesionales altamente cualificados que residían en el extranjero, especialmente científicos, ingenieros y empresarios de origen chino. Su meta era clara: posicionar a China como una potencia mundial líder en ciencia, tecnología e innovación mediante la repatriación de talento estratégico.
La desconexión entre educación y mercado laboral impulsa la ‘fuga de cerebros’
A día de hoy, puede afirmarse que, al menos en parte, el programa ha logrado sus objetivos. Para conseguirlo, se ofrecieron incentivos muy atractivos: salarios competitivos, bonificaciones económicas, subsidios para vivienda, acceso a laboratorios e instalaciones de investigación de primer nivel, y apoyo a las familias, incluyendo financiación educativa para los hijos y facilidad en la obtención de permisos de residencia. Además, muchos de estos profesionales fueron integrados en puestos de alto nivel en universidades, centros de investigación o empresas tecnológicas clave.
Otra estrategia clave adoptada por varios países ha sido la creación de ecosistemas atractivos que no sólo fomentan el retorno del talento emigrado, sino que también disuaden la emigración inicial. Un ejemplo destacado es la India, que ha invertido en el desarrollo de hubs tecnológicos como los de Bangalore o Hyderabad y, en paralelo, ha puesto en marcha planes gubernamentales para impulsar el emprendimiento.
Otras iniciativas, de menor escala, pero igualmente relevantes, se han centrado en reforzar los sistemas educativo y laboral. Entre ellas destacan las becas condicionadas al compromiso de trabajar en el país tras la graduación, incentivos fiscales para empresas que contraten a recién titulados o investigadores, y programas de promoción de carreras científicas y tecnológicas con financiación adaptada a las necesidades del entorno local.
No hay duda de que el empleo juvenil cualificado es un pilar fundamental para la salud económica y social de cualquier país. Su ausencia o precariedad no sólo afecta a los propios jóvenes, sino que también tiene consecuencias estructurales: frena el crecimiento económico, compromete la sostenibilidad del sistema de bienestar y reduce la competitividad nacional.
En España, la brecha laboral entre los jóvenes y el resto de la población tiene un impacto económico directo. Según el informe Juventud y Empresa, elaborado por la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios y presentado en enero de este año, esta diferencia se traduce en una pérdida estimada del 2,27 % del Producto Interior Bruto (PIB) e impide la creación de cerca de 950.000 empleos.
España se enfrenta a una paradoja: a pesar de contar con una proporción de trabajadores universitarios superior a la media europea, es uno de los países con mayor número de empleados que desempeñan trabajos por debajo de su nivel de cualificación. Este desajuste revela una desconexión significativa entre las competencias adquiridas en el sistema educativo y las demandas reales del mercado laboral. Como resultado, muchos jóvenes cualificados optan por emigrar, lo que implica una doble pérdida: por un lado, se desaprovecha la inversión pública y privada en su formación, y por otro, se debilita la capacidad innovadora y competitiva del país en sectores clave.
Fomentar el empleo juvenil cualificado no es sólo una cuestión de justicia social, sino una inversión estratégica en el desarrollo económico y social de España. Para lograrlo, es imprescindible aplicar políticas que alineen la formación con las necesidades del mercado laboral, reduzcan la precariedad y promuevan la retención de talento. Evitar el empobrecimiento futuro y garantizar un crecimiento sostenible requiere de un esfuerzo coordinado entre la comunidad universitaria, el tejido empresarial y las instituciones públicas. Debemos trabajar juntos para promover un empleo universitario de calidad: estable, bien remunerado y alineado con las competencias reales de los graduados. Esta sinergia no sólo mejorará las oportunidades laborales de los jóvenes, sino que también fortalecerá el tejido económico y social del país, evitando el deterioro colectivo como nación y como sociedad.
La desconexión entre educación y mercado laboral impulsa la ‘fuga de cerebros’
En este sentido, universidades y empresas deben colaborar estrechamente en el diseño de programas formativos que se adapten de forma dinámica a la evolución tecnológica y a las demandas del mercado. Las universidades, en particular, deben revisar y actualizar sus planes de estudio en diálogo continuo con el sector productivo, asegurando que las titulaciones respondan a necesidades reales del mercado laboral. Asimismo, las administraciones públicas tienen un papel clave, ya que pueden fomentar estas colaboraciones a través de subvenciones, incentivos fiscales o certificaciones que premien la empleabilidad.
Universidades, empresas e instituciones deben construir juntos soluciones duraderas
Por último, los servicios de empleo universitario deben fortalecer sus vínculos no sólo con empresas individuales, sino también con redes empresariales como colegios profesionales, representantes sectoriales, cámaras de comercio y asociaciones empresariales. La creación de plataformas mixtas de empleo impulsadas de forma conjunta por universidades, empresas y administraciones es fundamental para articular una respuesta eficaz y duradera al reto del empleo juvenil cualificado.
Desde la universidad somos conscientes de nuestro papel como motor de innovación y emprendimiento juvenil. Sin embargo, necesitamos la colaboración activa de empresas e instituciones en la creación de espacios de cooperación como laboratorios de innovación, incubadoras y hubs universitarios. Debemos ser capaces de apoyar a las startups surgidas en el entorno universitario mediante financiación inicial, a través de fondos semilla o capital público-privado, formación específica y asesoramiento legal. En este proceso, el tejido empresarial desempeña un papel esencial, tanto como mentor como primer cliente de estas iniciativas.
Además, es urgente promover un cambio cultural y social. Debemos dejar atrás la estigmatización de la inexperiencia y empezar a valorar el talento joven como un activo estratégico. Como sociedad, debemos reconocer el valor del talento universitario como motor de innovación, fomentando entornos de acompañamiento y apoyo que impulsen la mentoría intergeneracional dentro de las organizaciones.
La alianza entre actores públicos y privados es clave para fortalecer el empleo juvenil
Esta colaboración no puede ser puntual ni simbólica, sino estructural y sostenida en el tiempo. La alianza entre universidades, empresas e instituciones públicas es clave para transformar el acceso de los jóvenes titulados a un empleo de calidad. Esto no sólo mejorará sus trayectorias profesionales, sino que también fortalecerá la competitividad, la innovación y la cohesión social del país. En definitiva, nos hace más ricos en conocimiento, oportunidades y bienestar.
Por Elena de la Poza Plaza, Vicerrectora de Empleo, Formación Permanente y Lenguas de la Universitat Politècnica de València