Sniace ve "imposible" determinar ahora si tiene viabilidad pero afirma que sólo podrá hacerlo si hay concurso

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Afirma que su situación actual es de "insolvencia"

Afirma que su situación actual es de "insolvencia"

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

Sniace asegura que su situación actual es de "insolvencia" y ve "imposible" determinar su viabilidad futura, si bien advierte de que "sólo dentro del ámbito del concurso de acreedores" solicitado y una vez despejadas algunas "incertidumbres" sobre el régimen económico de la energía, los parámetros medioambientales de la fábrica de celulosa y los ajustes de plantilla, "podrá llegar a pronunciarse".

Así lo ha advertido la empresa en un informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultado por Europa Press, en el que responde a varias cuestiones que este órgano le había planteado sobre la solicitud de concurso voluntario realizada por las tres sociedades del Grupo Sniace (Sniace, Celltech y Viscocel), que acordó el pasado 6 de septiembre el Consejo de Administración de Sniace.

En el escrito, y cuestionada por la CNMV acerca de si la insolvencia argumentada como motivo para solicitar el concurso es actual o si se prevé inminente, la compañía asegura que ya se encuentra en esta situación "que le impide hacer frente" a sus obligaciones.

La empresa señala que esta circunstancia, añadida a "incertidumbres" sobre el régimen económico en que se moverá la energía en función de lo que se regule en el Anteproyecto de Ley del sector eléctrico; la "falta de aprobación definitiva" de los parámetros medioambientales necesarios para reanudar la fábrica de celulosa y el "rechazo" a los reajustes de plantilla, le hacen "imposible" manifestarse sobre la viabilidad futura de la compañía.

Sniace cree que sólo podrá pronunciarse sobre esta cuestión dentro del ámbito del concurso de acreedores, donde pueda refinanciarse la deuda actual de la compañía, y una vez despejadas y resueltas las "incertidumbres" planteadas.

329,8 MILLONES DE EUROS

La deuda del Grupo Sniace y de sus tres sociedades –Sniace, Celltech y Viscocel– asciende a unos 329,8 millones de euros, de los que 101,7 millones es deuda ya vencida.

De esos 329,8 millones de euros, 145,3 se corresponden a la deuda del Grupo, que tiene como principales acreedores a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la que adeuda 22,6 millones de euros; a la empresa proveedora de gas GDF Suez Energía España (15,6), a las entidades bancarias Liberbank, BBVA y Bankia (24,1), al Gobierno de Cantabria (9), y casi 2,6 a la Seguridad Social.

De hecho, la compañía GDF ha solicitado un arbitraje en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid contra Sniace por importe de 15,6 millones de euros, más intereses y costas, por facturas de tres meses de 2012, al que la compañía se ha opuesto.

Además, la empresa proveedora de gas ha pedido la adopción de medidas cautelares, que fueron concedidas, por las que se ordenó que se emitiera un aval por un importe aproximado de 17 millones de euros, cantidad a la que Sniace asegura no poder hacer frente "a corto plazo", una situación que, ya por sí sola es –dice– "causa de la insolvencia declarada–.

No son los únicos procedimientos abiertos por acreedores contra Sniace ni contra Celltech y Viscocel. La deuda de las tres sociedades del Grupo asciende a 184,5 millones de euros –124,4 la de Sniace; 34,5 Celltech y 25,6 Viscocel–.

SIN ACUERDOS CON ACREEDORES

Según explica Sniace en el informe remitido a la CNMV, hay "conversaciones" con Administraciones y reuniones con entidades financieras y algunos acreedores.

La empresa señala que en los contactos con las Administraciones no se han obtenido "los compromisos necesarios" que garanticen la minoración de los impuestos medioambientales y permitan reiniciar la actividad de las sociedades, al menos parcialmente.

También reconoce que no se ha alcanzado acuerdo con los trabajadores de las sociedades y en las reuniones con bancos y otros acreedores "no se ha llegado a presentar ninguna propuesta" pues, según señala, era "necesario" alcanzar un acuerdo con las Administraciones Públicas y los trabajadores.

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