Las autopistas en riesgo de quiebra afrontan 2.300 millones en expropiaciones, cinco veces más de lo previsto

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Las grandes constructoras reclaman que el Estado pague lo que invirtieron en su construcción y lo ya abonado en expropiaciones

Las sociedades concesionarias de la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra podrían tener que afrontar un coste total de 2.297 millones de euros para pagar las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron, un monto cinco veces superior al previsto, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

«Este es el verdadero problema de estas autopistas y la causa de que muchas estén en concurso de acreedores, y no el que pase por la vía un coche más o menos», indicó el presidente de la patronal, Julián Núñez.

Durante su intervención en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el presidente de Seopan detalló que en los anteproyectos de las diez autopistas actualmente en problemas el coste de las expropiaciones se cuantificó en 368 millones de euros y que luego se fijó en 427 millones en los contratos de adjudicación.

En la actualidad, el coste de dichas expropiaciones, a la espera de que se dicten sentencias aún pendientes sobre la valoración de los terrenos, asciende a 2.297 millones de euros, importe cinco veces superior al previsto y que arroja una desviación de 1.869 millones de euros. Los jueces avalaron las valoraciones de unos terrenos «no urbanizables y que, por tanto, no se tasan a valor de mercado», y el Gobierno tienen recurridas algunas de ellas.

«Las expropiaciones son un problema de estas vías, pero un problema generado por actos de la Administración, no porque por la vía pase un coche más o menos», argumenta el presidente de Seopan.

DEFENSA DERECHOS CONCESIONARIAS.

Núñez manifestó la disposición de las grandes constructoras, accionistas de las sociedades concesionarias de estas vías en riesgo de quiebra, a negociar con el Gobierno sobre la solución que diseña por la que Fomento asumirá las autopistas a través de una sociedad pública, pero «siempre que se garanticen los derechos de los accionistas de las vías». «Exploraremos cualquier solución que nos propongan pero, como accionistas (de las autopistas) no vamos a renunciar a nuestros derechos», advirtió.

En este sentido, rechazó la posibilidad de traspasar las acciones de las autopistas a cero euros, al considerar justo recuperar el dinero que se ha destinado a construir las vías y lo adelantado por las expropiaciones.

En la actualidad, las diez autopistas en problemas suman una deuda total de unos 3.500 millones de euros y afrontan un desplome de su volumen de tráfico. Además, las líneas de ayudas articuladas por el Ministerio de Fomento para apoyarlas (los créditos participativos y las cuentas de compensación) no se han pagado por falta de recursos presupuestarios. Por todo ello, seis de estas vías se han acogido al concurso de acreedores.

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