MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
En una nota de prensa, la portavoz socialista de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, reconoce las "ventajas" de aplicar economías de escala en suministros y contratos de gran volumen, ya que es un sistema útil para "racionalizar la contratación y encontrar el punto óptimo en el que existe la mejor calidad de servicio al mejor precio".
No obstante, también advierte de que la centralización de servicios y suministros "puede ser un arma de doble filo si con ello se expulsa de la licitación pública a las pymes", lo que podría provocar la destrucción de puestos de trabajo. "Lo que podría suponer un ahorro limitado y temporal puede convertirse a la larga en un coste mayor económico, social y para las arcas públicas", avisa.
NUEVOS OLIGOPOLIOS
Y es que a la larga este sistema de contratación podría generar sectores con "rasgos de oligopolio" o crear situaciones de "fijación de precios incluso superiores" a los que existían con múltiples licitantes. "No deja de resultar paradójico que, mientras que las autoridades de defensa de la competencia actúan para promover su garantía frente a los abusos de posición dominante o los acuerdos anticompetitivos, en este caso sea la propia Administración la que pueda estar favoreciendo la limitación de la competencia", añade la diputada.
Así, critica que "resulta cada vez más evidente que el Gobierno se ha preocupado mucho más de defender los intereses de las grandes corporaciones empresariales que de la defensa de la pequeña y mediana empresa", lo que a su juicio puede acarrear "consecuencias irreversibles".
Por ello, la diputada catalana reclama al Ejecutivo que abra "con carácter inmediato y previo a cualquier decisión sobre contratación pública" un proceso de diálogo con las asociaciones empresariales sectoriales y con las asociaciones de consumidores y usuarios, con el fin de evaluar sus posiciones sobre las consecuencias de la centralización de contratos en cada sector.
Según el informe de la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), hecho público el año pasado, entre los sectores en los que podrían implantarse los contratos centralizados se cuentan las telecomunicaciones, la limpieza, la seguridad o las agencias de viajes, entre otros.
ESTUDIAR ALTERNATIVAS
Junto a la petición de diálogo y negociaciones, el PSOE también plantea al Ejecutivo la necesidad de "valorar diferentes alternativas" al sistema centralizado para racionalizar los contratos públicos, y que las decisiones que se adopten "salvaguarden el mantenimiento de una competencia efectiva en cada uno de los sectores, garantizando la posibilidad de que las pymes, puedan seguir contratando servicios y suministros con la Administración".
Al margen de la iniciativa parlamentaria, Batet también ha registrado una batería de preguntas escritas relativas a los sectores de las telecomunicaciones, la limpieza y las agencias de viaje para saber, en cada caso, qué efectos podría tener esta centralización en términos de competencia y qué ahorro espera el Ejecutivo, así como qué hará para que esta reducción de costes sea "sostenible en el tiempo".
También quiere saber cuál será el efecto de esta decisión en el empleo de cada uno de los sectores, y también el impacto que tendrá en las pymes. "¿Está el Gobierno en disposición de afirmar que no va a existir ninguna merma en términos de calidad del servicio? ¿Cómo puede garantizarlo? ¿Tiene previsto realizar algún tipo de seguimiento sobre los resultados de las nuevas contrataciones? ¿Qué tipo de controles de gestión tiene previstos para determinar cuáles han sido los resultados, en términos de gasto y de calidad del servicio?", añade.
